Mensajepor escolazo21 » Sab Ene 14, 2023 7:30 am
Llorar o Luchar
por Enrique Guillermo Avogadro (Nota N° 872)
“Llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre”.
Aisha bint Muhammad ibn al-Ahmar
Se cumplieron 500 años desde aquel 2 de enero de 1492, en que el último Emir de Granada, Boabdil el Chico, se rindió ante el Rey de Aragón, Fernando el Católico, poniendo fin a los ocho siglos del dominio musulmán en España. Cuando el moro abandonó la ciudad, su madre le descerrajó la frase que sirve de epígrafe. Viene a cuento porque, al menos en América Latina, nos enfrentamos a un similar desafío y, una vez más, estará en las manos de sus ciudadanos decidir qué actitud adoptar frente a los huracanados vientos que soplan desde el Río Grande a Tierra del Fuego y amenazan, desde todos los cuadrantes, a las frágiles democracias que habíamos sabido construir, con mucho esfuerzo, en las últimas décadas.
Hubiera preferido dedicar mi nota semanal a analizar qué pasó o está sucediendo en la región y, claro, en la Argentina, pero deberá limitarme a hacerlo, en razón del máximo espacio que me permito utilizar, sólo a Brasil y a mi país, porque aquí el kichnerismo cerril y el Caracol que se autopercibe Presidente no nos dan tregua.
Hace miles de años, Esquilo dijo: “En toda guerra, la primera víctima es la verdad”. La criminal guerra de Rusia contra Ucrania y los recientes hechos de Brasília lo confirman. Era previsible que se produjeran allí vandalismos dadas las enormes multitudes que se habían aposentado frente a las instalaciones militares en la capital, puesto que podían ser infiltradas (tal como hemos visto en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) por terroristas financiados desde el exterior. Las agendas del Foro de São Paulo, del Grupo de Puebla y de la CELAC en pos de reconstruir esa estafa denominada “socialismo del siglo XXI” no se detienen.
Resulta harto difícil imaginar que el Presidente ignorara qué situaciones de riesgo podrían vivirse y, sin embargo, nada se hizo para evitarlas. Me pregunté a quién benefició lo sucedido y la única respuesta que encontré fue que al propio Luiz Inácio Lula da Silva. Si bien éste triunfó sobre Jair Bolsonaro por escasísimo margen, los partidarios del derrotado (casi la exacta mitad del país) ganaron las gobernaciones de los más importantes Estados e incorporaron un número mayor de legisladores en el Congreso federal; o sea, Lula asumió con una marcada debilidad política.
Pero después de la invasión de los palacios de los tres poderes, no sólo cosechó un inédito respaldo internacional –hasta Joe Biden lo invitó a una reunión en Camp David este mismo mes- sino que la popularidad de su oponente cayó verticalmente en las encuestas nacionales, todo lo cual empoderó al mandatario y le permitirá imponer su propia agenda legislativa, con todo lo que ello implica para el futuro de esa “Patria Grande” que imaginaron todos los populistas de la corrupta izquierda regional. ¿Podría haber sido ese logrado objetivo la verdadera razón de lo que pasó?
Pero volvamos a la Argentina, ya que el Gobierno ha iniciado una batalla crucial, condenada de antemano al fracaso por las inexistentes mayorías especiales que exige la Constitución para concretarlas. Me refiero, claro, a los dos temas que Caracol Fernández incluyó –como rastrera ofrenda a Cristina Kirchner, que lo desprecia olímpicamente- en la lista de proyectos que tratará el Congreso en las sesiones extraordinarias a las cuales convocó: la remoción de todos los ministros actuales de la Corte Suprema y la ampliación del número de jueces en el alto Tribunal.
La Comisión de Juicio Político tiene mayoría kirchnerista, incluyendo a los tres que obedecen a Sergio Aceitoso Massa; que sus diputados apoyen la iniciativa oficialista impedirá que el Congreso logre quórum para tratar los proyectos legislativos que el Ministro de Economía necesita y eso torna incomprensible su actitud, salvo que sueñe con que Cristina Fernández lo elija como candidato en las elecciones presidenciales de octubre. Los payasos que conforman ese circo disponible le permitirán al Gobierno generar un gigantesco ruido mediático que, como siempre, resultará un tema ajeno para una enorme proporción de los ciudadanos comunes, angustiados por la inflación, la inseguridad y el narcotráfico, y hoy obnubilados con el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa por una patota.
Las causas que se invocaron para el juicio político fueron la medida cautelar contra el manotazo de fondos a la Ciudad, la declaración de inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura y la aplicación de una ley general al caso de un preso político militar; o sea, por estar en desacuerdo con sus sentencias. El último tema merece un aparte, ya que cuando la Corte resolvió que correspondía a Luis Muiña utilizar el principio de la ley más benigna, el kirchnerismo y los organismos de derechos humanos tuertos tomaron las calles de Buenos Aires, y el Congreso sancionó una vergonzosa ley “aclarando” que no correspondía otorgar ese beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad en los simulacros de juicio habituales. Hasta Human Rights Watch, a quien no se puede tildar de favorecer regímenes de derecha, puso el grito en el cielo ante el inmundo ataque del Caracol contra la Justicia.
Creo que los republicanos no agradecemos lo suficiente a Mauricio Macri por la gira nacional que realizó después de las PASO de 2015 bajo el lema “Sí, se puede”; permitió que la diferencia final contra la fórmula de Fernández² fuera mucho menor de lo que se preveía; y la furibunda paliza que recibió el Frente para Todos en 2021 completó la tarea, ya que logró el milagro necesario para la supervivencia de la democracia al impedir que la banda delictiva que nos gobierna se hiciera con las mayorías legislativas que hubieran habilitado el “Vamos por todo” anunciado por Cristina Kirchner.
Ahora debemos elegir entre llorar y luchar, ya que ella está preparada para deslegitimar a su sucesor y evitar que pueda gobernar. La estrategia está cantada: si el pueblo no nos votó, fue porque la prensa y la Justicia lo engañaron, y no deberá reconocerse el resultado de las elecciones ni, claro, entregar los atributos del poder. ¿Le suena?
