Actualidad y política

[napolitano]

volve quique, no mandes tu clon.
explicale que en el nuevo convenio colectivo de los troll se paga por posteo, no por linea

[horaciotercero]

AGUANTE PATRICIA!!!!!!!!!!!!!!!!! De los tres la unica, la mejor!!!!!!

[horaciotercero]

La doctora Figueroa y la Constitución Nacional (exjueza a la cual Cristina quiere que vuelva para que la safe de ir en cana)
Una jueza que dejó de serlo y que, sin embargo, se aferra a su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal
2 de septiembre de 2023.
El 21 de noviembre de 2011, en uso de la facultad prevista en el art. 99, inc. 4 de nuestra Constitución, la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, nombró a la doctora Ana María Figueroa como vocal de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (Dec. 1896/11).

En el marco del sistema de control recíproco entre los poderes del gobierno federal que establece nuestra Constitución, el Presidente no puede nombrar por sí solo a ningún juez federal. Por eso, está obligado a cumplir previamente una serie de pasos ineludibles para poder ejercer válidamente esa facultad. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir para poder nombrar a los jueces de los tribunales federales inferiores a la Corte Suprema? El primero es recibir, previa selección de postulantes en un concurso público, “una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura”. El segundo es elegir a uno de esos tres candidatos propuestos por el Consejo de la Magistratura para ser nombrado juez federal. El tercero y último es enviar ese nombramiento al Senado para ver si consigue o no el acuerdo correspondiente. Si no consigue completar esos pasos previos, el nombramiento intentado por el presidente, fracasa. Si los completa, el nombramiento queda perfeccionado. Eso fue lo que ocurrió con la doctora Figueroa en 2011: todos esos pasos fueron cumplidos para poder nombrarla como jueza federal en el marco del art. 99, inc. 4 de nuestra Constitución.


La doctora Figueroa cumplió 75 años de edad el pasado 9 de agosto de 2023. Ese mismo día dejó de ser jueza federal. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, en el mismo inc. 4 del art. 99 bajo el cual fue nombrada, dispone actualmente lo siguiente: “Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo [del Senado], será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años”. Así, cualquier juez federal que haya sido designado previamente como tal requiere otro nombramiento del Presidente y un nuevo acuerdo del Senado para poder mantenerse en el cargo luego de alcanzar los 75 años de edad. Esta parte del texto constitucional había sido anulada por la Corte Suprema en 1999 en el caso “Fayt”, pero volvió a ser reinstaurada como derecho vigente en 2017 en el fallo “Schiffrin” e interpretada claramente como un límite de edad para la duración en el cargo de todos los jueces federales del país. Tan es así que el art. 6 de la Res. 859/17 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que regula el trámite de ese nuevo nombramiento para los jueces federales, dispone que si el Senado no presta el acuerdo “a la fecha que el Magistrado en cuestión alcanzare los setenta y cinco (75) años de edad”, se debe notificar, entre otros, al Consejo de la Magistratura para llevar a cabo el concurso público para cubrir la vacante del juez federal que alcanzó esa edad y no obtuvo el nuevo acuerdo del Senado.

Más allá de las críticas que se pueden hacer sobre el fallo “Schiffrin” y la normativa destinada a implementarlo, lo cierto es que, hasta tanto no sea dejado de lado por la misma Corte Suprema, no puede ser desconocido ni por el Presidente, ni por el Senado, ni por el Consejo de la Magistratura, ni por la Cámara Federal de Casación Penal, ni por la propia Dra. Figueroa (que nunca cuestionó este fallo). Por ende, no existe argumento válido alguno para eludir lo que, guste o no, exige el derecho vigente en la Argentina.

¿La Dra. Figueroa obtuvo el acuerdo del Senado para un nuevo nombramiento antes de alcanzar el límite de edad de los 75 años de modo tal de poder “mantenerse” en el cargo para el que había sido nombrada en 2011? No, no lo obtuvo. ¿Cuál es la consecuencia por no haberlo obtenido antes de alcanzar ese límite de edad que fija la Constitución? Muy sencillo: el mismo día en que cumplió 75 años de edad perdió, automáticamente, su condición de “magistrado”. ¿Puede recuperar el cargo que perdió y volver al puesto que tenía en la Cámara Federal de Casación Penal si el Senado le otorga un nuevo acuerdo en el futuro? No, no puede: para poder cubrir válidamente la vocalía que la Dra. Figueroa ocupaba en ese tribunal, y que quedó vacante el mismo día en que cumplió 75 años y no obtuvo el acuerdo del Senado para perfeccionar su “nuevo nombramiento”, se debe hacer previa e ineludiblemente el concurso público correspondiente. Eso es lo que dispone expresamente el art. 114 de la Constitución Nacional y sus normas complementarias. Estas normas impiden que el Presidente pueda hacer un nombramiento definitivo para cubrir una vacante en un tribunal federal inferior a la Corte Suprema salteando la intervención del Consejo de la Magistratura. Cualquier otra interpretación implicaría una burda violación del derecho vigente.

Todo lo que expliqué hasta acá surge expresamente del texto de los arts. 99, inc. 4 y 114 de la Constitución, los mismos que se aplicaron para nombrar a la Dra. Figueroa en 2011. Dado que nadie nace juez, la autoridad para ejercer un cargo tan importante está condicionada en su alcance y extensión por lo que disponga la propia Constitución: toda la autoridad de los jueces, incluyendo los de la Corte Suprema, está limitada por ella y no depende de nadie más. Así como la Dra. Figueroa pudo ejercer su autoridad como vocal de una de las salas de la Cámara Federal de Casación Penal debido a que fue designada el 21 de noviembre de 2011 siguiendo los mecanismos que prevé la Constitución, perdió esa misma autoridad el 9 de agosto de 2023 por no haber obtenido el nuevo nombramiento con acuerdo del Senado que esa misma Constitución exige a los jueces federales que superan el límite de 75 años de edad.

La Dra. Figueroa ya no es más jueza federal por imperio de la propia Constitución. En consecuencia, el tratamiento que debe recibir desde el 9 de agosto es el de una ciudadana común. Es el mismo trato que recibiría cualquier persona que no haya sido nombrada o elegida como funcionario público o que, una vez nombrada o elegida, haya renunciado o se le haya vencido el mandato para el cargo que ocupaba. Su mandato como jueza federal caducó el día que cumplió 75 años de edad sin haber obtenido el acuerdo del Senado para el nuevo nombramiento que pretendía. Ese mandato ya no puede ser prorrogado. Sus ex colegas en la Cámara Federal de Casación lo saben y no pueden permitir el escándalo público de una persona que intenta aferrarse a algo que ya no tiene: la autoridad para decidir sobre la vida y la fortuna de los argentinos. Si lo permiten, son cómplices de una indiscutible usurpación que viola nuestra ley fundamental, la norma a la que ellos mismos deben también toda su autoridad para hacer lo que hacen. La misma norma que juraron defender y aplicar antes de asumir el cargo para el que fueron nombrados.

La Constitución Nacional, que es la ley que gobierna a aquellos que nos gobiernan, da y también quita. Y, salvo que estemos dispuestos a aceptar que se trata solamente de un conjunto de sugerencias que pueden ser alegremente dejadas de lado por los gobernantes y funcionarios de turno, tiene que ser respetada, aplicada y cumplida siempre, a rajatabla, y como lo que es: la ley suprema del país, la norma más importante del derecho argentino.

El autor es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral

[horaciotercero]

Inexplicables designaciones del papa Francisco
El nombramiento del exjuez Zaffaroni en un organismo académico vaticano provoca un lógico desconcierto y rechazo
31 de agosto de 2023

Hace pocos días el papa Francisco concedió el estatus de “Asociación Privada de Fieles” de carácter internacional al Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), nacido en Buenos Aires en 2017 y formalmente reconocido por el Vaticano en 2019, a pedido de uno de sus fundadores, el magistrado porteño Roberto Andrés Gallardo, a quien ahora le asignó su presidencia para el período 2023-2028. Bajo dependencia de esa asociación, creó el Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas, con finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de derechos sociales, migración y colonialismo. El exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Eugenio Zaffaroni fue nombrado para integrar su junta académica y fundadora por el mismo período.

De buenos lazos con el Vaticano, Zaffaroni y Gallardo habían participado allí a fines de marzo de una cumbre sobre “Colonialismo, descolonización y neocolonialismo: una perspectiva de justicia social y bien común”, con participación de jueces, académicos y personalidades latinoamericanas.

Como persistente detractor de numerosas gestiones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el “militante” juez Gallardo emitió controvertidos fallos como el de suspensión del sistema de vigilancia y reconocimiento facial de prófugos. Fue quien en agosto de 2022 hizo lugar a la acción de amparo que pedía que el jefe de gobierno porteño retirara el vallado y las medidas dispuestas por la Policía de la Ciudad en inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner, medida que le valió una recusación por falta de imparcialidad. Previamente, en 2018, había impedido que se aplicara la reglamentación sobre el uso de armas de fuego por efectivos policiales en la ciudad de Buenos Aires.

Al repasar las actuaciones de tan controvertidos personajes, cabe destacar el público apoyo de Zaffaroni a Cristina Kirchner en las causas judiciales que enfrenta la vicepresidenta. Llegó a sugerir públicamente, en agosto de 2022, que si ella era condenada, el presidente Alberto Fernández tendría que indultarla, por entender que es objeto de una persecución política. Del mismo modo, como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), promovió el indulto del condenado exvicepresidente Amado Boudou.

En su paso por el Poder Judicial, donde fue juez nacional en lo criminal y miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, años antes de ser designado en la Corte Suprema de Justicia, dejó nefastos antecedentes. Basta recordar el escandaloso caso Tiraboschi, en el que el entonces juez Zaffaroni le redujo la pena a un hombre que obligó a practicarle sexo oral a una niña de ocho años, esgrimiendo que lo había hecho mediante un juego y con la luz apagada, lo que convertiría al abuso en menos traumático. Un fallo revelador de una perversa escala de valores.

Una investigación periodística de 2011 detectó que seis departamentos de su propiedad eran utilizados por mujeres que brindaban servicios sexuales. Ricardo Montivero, apoderado de Zaffaroni y quien dijo estar a cargo de su alquiler, fue condenado a pagar una multa por violación a la ley de profilaxis. El exjuez argumentó que él era solo una inocente víctima de lo que consideró una desnaturalización del contrato de locación.

Resulta inexplicable su designación cuando en múltiples ocasiones Francisco se manifestó en contra del tráfico de drogas, cuya legalización defiende Zaffaroni, y en contra de la prostitución y la trata de personas que sufren la indiferencia y el descarte de parte de la sociedad.

Por sus implicancias, tal vez lo más grave de su foja de servicios es su condición de principal impulsor del llamado garantismo –en rigor, abolicionismo de la ley penal– en la Argentina, cuyos graves efectos nuestra sociedad paga a diario en vidas. Demasiados jueces abrevan en esta doctrina, traducida en la libertad de un sinnúmero de detenidos con graves antecedentes que vuelven a delinquir.

A los referidos antecedentes, suficientes para considerar más que cuestionable su mera nominación, se suma la férrea defensa por parte de Zaffaroni de la teoría del lawfare, que hace referencia a supuestas operaciones de manipulación judicial, política y mediática para desprestigiar, enjuiciar y encarcelar a figuras públicas de relevancia. No hace mucho, esta doctrina fue recogida en un discurso público por el papa Francisco, quien afirmó que con la instrumentación del lawfare se persigue “reducir los derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que se benefician aquellos que aspiran a ejercer un poder autoritario”. Se trata, sin embargo, de una teoría que ha sido utilizada por altos funcionarios, justificadamente acusados de corrupción con categóricas pruebas, para garantizarse impunidad.

Nombramientos de esta índole, que solo pueden traducirse como un respaldo del Papa a la acción de determinados jueces, resultan injustificables y en nada contribuyen a desandar la profunda grieta que padece la sociedad argentina cuando el Santo Padre vuelve a tomar tan clara posición. Se alejan incluso del sentido común, toda vez que el Sumo Pontífice, frente a la agresiva polarización existente, ha insistido reiteradamente en la necesidad de promover liderazgos que pacifiquen y ayuden a superarla.

[horaciotercero]

Deshumanizantes sistemas feudales
El crimen de Cecilia en Chaco confirmó la vigencia de regímenes que someten a la Justicia a sus designios y condenan a la población a los abusos de poder
2 de septiembre de 2023
El gobernador Jorge Capitanich, junto a Emerenciano Sena

En 1990, el país se horrorizaba ante el caso de María Soledad Morales en Catamarca. La joven, de 17 años, fue asesinada por hijos del poder provincial que la drogaron y abusaron de ella en una fiesta. Más de tres décadas después, en junio pasado, era asesinada en Chaco Cecilia Strzyzowski, una joven de 28 años casada con César Sena, cuyos padres lideraban el movimiento Socialistas Unidos, agrupación íntimamente ligada al poder provincial. Hoy tanto César Sena como sus progenitores, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están en prisión, acusados de homicidio premeditado con el concurso de dos o más personas.

El caso de Cecilia se emparenta con el de María Soledad. En ambos casos, una joven inocente se acerca a personas cuya proximidad con un poder sin límite en la ley los lleva a actuar de manera brutal y acaba perdiendo la vida. El crimen terrible cometido en Chaco tiene al mismo tiempo muchos vasos comunicantes con el caso de Milagro Sala en Jujuy, hoy en prisión domiciliaria por liderar una asociación ilícita, fraude y extorsión, en medio de denuncias de exintegrantes de su organización, Tupac Amaru, por violaciones de los derechos humanos. La familia Sena se dedicaba, como la líder jujeña, a la construcción de viviendas sociales con fondos públicos. Tanto Milagro Sala como los Sena eran sostenidos en su accionar delictivo por el poder político, que en su afán hegemónico los había incorporado como parte de ese “ejército” militante que está siempre tras la conquista del territorio y de la mente y las voluntades de los votantes. Detrás de Sala estuvo Cristina Kirchner en sus tiempos de presidenta; detrás de los Sena está Jorge Capitanich.


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Los referidos casos dan cuenta de la forma en que pervive en muchas provincias argentinas, como el Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, un sistema feudal que lleva a los que mandan a sentirse dueños del cuerpo y el alma de la población. Así, a buena parte de las personas se les desconocen sus derechos ciudadanos para tratarlas como súbditos de un régimen que remite a los tiempos del Virreinato.

El ejercicio de este omnímodo poder deshumaniza. El otro no es visto como una persona en sí misma, sino como un medio para lograr los fines mezquinos que persigue la política partidaria cuando se pervierte. Un mero instrumento. Las palizas físicas y el maltrato psicológico que Milagro Sala infligía a quienes no la obedecían como ella pretendía, narrados por las mismas víctimas, tienen origen en el mismo sentimiento de impunidad que promovía el trato degradante que Emerenciano Sena y su esposa daban a los trabajadores de sus emprendimientos.

Marcela Leiva, una mujer que comenzó a colaborar con la organización de Sena en 2010, contó recientemente en distintos medios de prensa que la obligaban, junto a otros trabajadores, a realizar tareas desde las 5 de la mañana durante 15 horas diarias, bajo amenazas, y que los mantenían encerrados. Debían comer en el piso, muchas veces alimento en mal estado. Las humillaciones y la violencia que recibían mientras trabajaban eran algo cotidiano. “Nos puteaban continuamente y nos decían que éramos malas personas”, relató Leiva. “Emerenciano captaba personas del interior y las traía a trabajar con el cuento de la casa propia. Después las trataba como a cerdos, encerradas en el campo de tiro”, agregó.


Sena exigía una sumisión total. Tras una tormenta, el dirigente social le ordenó a Leiva que realizara una denuncia por la pérdida de bienes y materiales de obra. La mujer se negó a incluir en la lista elementos que estaban intactos. “Vos tenés que hacer lo que yo te diga”, le gritó Sena, según contó la mujer.

Leiva hizo siete denuncias contra Sena por reducción a la servidumbre, corrupción y lavado de dinero, todas desestimadas por la Justicia provincial y por el gobierno cómplice de Capitanich, quien, según cuenta la mujer, eligió ignorar también las cartas enviadas por las víctimas del líder social. “Le pedíamos audiencia y en respuesta él se sacaba fotos con Emerenciano”, dice Leiva. Para ella, Sena era “el niño mimado de Capitanich”.

Catamarca vio cómo se desmoronaba una de las dinastías políticas más rancias del país tras el crimen de María Soledad y después de las multitudinarias “marchas del silencio” clamando por justicia. En Chaco, tras el asesinato de Cecilia y ante la evidente cercanía entre el clan Sena y Capitanich, el voto en las PASO favoreció a la oposición, aunque el gobernador fue el precandidato individual más votado.

El asesinato de Cecilia confirmó la plena vigencia, en pleno siglo XXI, de regímenes provinciales con gobiernos que han sometido a la Justicia impidiéndole que contenga sus excesos, con ciudadanos que resignan su autonomía ante un clientelismo desembozado y funcionarios que se sienten impunes hasta el punto de desconocer, en acciones aberrantes, la dignísima condición humana de sus gobernados. Se trata de territorios en donde es imprescindible restablecer el imperio de la ley y el funcionamiento de las instituciones para destronar tanta impunidad y tanto abuso silenciado. Como sociedad, no podemos tolerar ni un crimen más sin exigir los cambios que demasiados poderosos resisten.

[horaciotercero]

Adiós al populismo igualitario
El kircherismo sigue sembrando las semillas para una movilidad social descendente mediante el intervencionismo estatal y la asfixia del sector privado
3 de septiembre de 2023
El terceto gobernante ( Massa, Cristina y alberto) no aplicó ninguna política sustentable para reducir la desigualdad

Desde tiempo inmemorial, las sociedades se plantean cómo eliminar la pobreza y también, la desigualdad. Carlos Marx en su Manifiesto Comunista (1848), admirado por los logros del capitalismo, pensó que era un desafío fácil de resolver: bastaría con arrojar al maquinista burgués de la locomotora capitalista y reemplazarlo por un conductor proletario, creyendo que el tren continuaría funcionando con igual fuerza y que las riquezas crecientes podrían distribuirse de forma igualitaria.

Pero la experiencia demostró que, sin las instituciones de la democracia liberal, la locomotora se enfría, el tren se detiene y la riqueza se esfuma. La China de Deng Xiao Ping lo advirtió en 1979; Europa del Este, en 1989; la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1991, y el resto de los países asiáticos, pocos años después. El único experimento cercano que aún subsiste es Cuba, un verdadero museo viviente de edificios derruidos, población hambreada, ancianos desprotegidos y jóvenes exilados. Poblada de “hombres nuevos”, como soñaba el Che Guevara, ahora viejos, desilusionados y demacrados.

El debate sigue abierto en la política y la academia, pero esas malas experiencias de algo han servido. Ahora se sabe que no basta mover el dial entre libertad e igualdad para encontrar el punto de equilibrio que conjugue ambos objetivos. Ahora se conoce que, al mover esa aguja hacia la derecha o hacia la izquierda, también se alteran los incentivos para trabajar e invertir. Cuando se mueve hacia la derecha la riqueza abundará y se avanzará hacia la eliminación de la pobreza, pero habrá desigualdad, aunque algunos pobres se hagan ricos. Si se mueve hacia la izquierda, eliminando libertades como en Cuba, se afectarán los incentivos virtuosos, la economía se detendrá y se logrará igualdad cuando todos sean pobres.

En las democracias liberales la solución a ese desafío propio de la convivencia humana es la igualdad de oportunidades para nivelar el punto de partida con mejor educación. Es cierto que con eso no basta, pero en economías que funcionan se mejora el empleo regular, el poder de compra del salario, el acceso a la vivienda, la cobertura de salud, la buena infraestructura y la oferta de servicios públicos. Una nación próspera siempre abrirá horizontes a los menos favorecidos, permitiendo que mérito y esfuerzo sean impulsores de una igualdad “hacia arriba” y no “hacia abajo”.

En los países democráticos esa dicotomía se refleja al renovarse los gobiernos con oscilaciones entre socialdemócratas y liberales, progresistas y conservadores, aunque manteniendo las políticas de Estado. El voto mayoritario resuelve dónde posicionar el dial entre libertad e igualdad conforme a las preferencias colectivas. Como no hay solución perfecta, siempre habrá críticas, debates y cambios de tendencias.

En la Argentina esa evolución ha sido muy diferente. En nombre de la justicia social se ha empobrecido al país y se han distribuido ingresos de forma arbitraria mediante un burdo “populismo igualitario”. En el año 2003, Néstor Kirchner, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, anunció que reconstruiría “un capitalismo nacional que permita reinstalar la movilidad social ascendente” pues, a su juicio, “el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente” anunciando que pondría “igualdad allí donde el mercado excluye y abandona” mediante la intervención del Estado.

De allí en más, puso en marcha una política de saqueo a las arcas públicas, continuada por su esposa Cristina Kirchner, como jamás se vio en la historia argentina. Nada de ello fue resultado de disquisiciones filosóficas que hayan quitado el sueño a politólogos y economistas. Fue puro pragmatismo arropado en discursos igualitarios, invocando derechos humanos y ornados de símbolos patrios.

En nombre de la justicia social se ha empobrecido al país y se han distribuido ingresos de forma arbitraria mediante un burdo “populismo igualitario”

Desde entonces, en lugar de corregir las fallas del mercado, el mismo Estado se ha convertido en un bazar, como en la parábola de los mercaderes del templo. En sus despachos y ventanillas se transan decretos y resoluciones, contratos y designaciones para enriquecimiento personal, financiación de la política y desvío a bolsillos particulares. Como resultado, un elevador del tamaño de la Argentina y cuyo único botón indica el sótano, traslada a la población hacia abajo, convirtiendo a la clase media en pobre y a los pobres en indigentes, mientras los ricos miran desde afuera haciendo la V de la victoria. Un desarrollo tecnológico nacional y popular para la movilidad social descendente.

En nombre de la igualdad, se han conformado “oligarquías” opulentas a través de un sinnúmero de canales de apropiación de lo público para amigos del poder. Contratistas y concesionarios venales, sindicalistas corruptos, proveedores privilegiados, directivos de empresas estatales, administradores de fideicomisos, gestores de la pobreza, usurpadores de tierras, litigantes contra el Estado e intermediarios de permisos de cambio, de licencias de importación, de excepciones municipales y de resoluciones en actividades reguladas han ascendido a la cúspide de la pirámide igualitaria. Con sobreprecios y retornos saben desviar recursos que deberían alimentar, vestir y curar.

Las empresas públicas, los entes autárquicos, la administración central, provincias y municipios reciben fondos inmensos que se canalizan a través de estructuras corruptas en nombre de la equidad y la inclusión. Hemos visto los bolsos de José López, los cuadernos de Centeno, los tragamonedas de Cristóbal López, los dólares en la Rosadita, los fajos de Florencia Kirchner, los millones de Máximo, las fortunas de los secretarios privados y –por supuesto– los hoteles para lavar dinero en El Calafate. Ya nada sorprende a los argentinos y para casi el 30% del electorado ese modelo “no quita derechos” aunque los convierta en letra muerta. Son los últimos estertores de un populismo igualitario que dice adiós por agotamiento terminal.

¿Tiene sentido debatir en la Argentina de 2023 el índice Gini, cuando el 60% de los menores de 15 años son pobres y carecen de adecuada nutrición? ¿Qué diría Amartya Sen en un país donde esos chicos no acceden a una educación primaria de calidad, están limitados a un lenguaje de 300 palabras, sin poder leer ni escribir, ignorando las cuatro operaciones matemáticas básicas y asediados por la violencia callejera y el “paco”?

En contraste, muchos argentinos guardan fuera del sistema cifras millonarias debido a políticas que han exacerbado la fuga de capitales, creando una brecha inmoral entre quienes están dolarizados –como la familia Kirchner– y quienes viven de sueldos formales, de empleos irregulares, de planes sociales o de jubilaciones y pensiones ordinarias.

Nada hizo el peronismo para eliminar las causas de la pobreza. El terceto gobernante no aplicó ninguna política sustentable para reducir la desigualdad mejorando la educación de los jóvenes, el empleo privado de los mayores y el poder de compra de la moneda nacional. Solo se ha dedicado a atacar al Poder Judicial y a la prensa independiente para lograr la impunidad de la vicepresidenta.

Recurriendo a la metáfora inicial: el tren carece de maquinista y nuestro ferrocarril avanza a ciegas, por una vía muerta que solo conduce a la igualdad catastrófica. Ha llegado el momento de retomar el control de nuestras vidas colectivas, dando fin a este experimento malhadado, impulsado con fines delictivos y que ha empobrecido a la Nación, en nombre de valores falseados.

[pisingallo]

La ola ya es tan alta que no tiene sentido ponerse de frente. Te lleva puesto.
Pato no le encuentra la vuelta. Arece un pollo mojado. Quizá Melco la ayude un poco.
El peronismo está escondido, militando a Milei por atrás. Ya lo dijo Ruckauf que de esto sabe bastante. El puntero pregunta a los referentes de cada barrio que quieren votar. Respuesta abrumadora: Milei. Actúan en consecuencia.
MASSA un deterioro que no se detiene. Chin chon. Termina con -10 al paso que vamos. Lo han dejado solo.
Kichi muy asustado. Probablemente la ola lo tape tambien.
Las fuerzas del cielo y las fuerzas de la tierra cuidarán los votos de Milei.

Ya lo decía hace unos días atrás.
Ahora resulta que el peronismo ya no lo milita x detrás a Milei.
Lo hace abiertamente.
Perotti, Martinez (uocra) los primeros... intendentes k que quieren salvar sus puestos ya vendran tambien. Y los que faltan saltar del barco aún.
Esperemos no se contamine demasiado con esta runfla.

[quique43]

El Estado te cuida, minga se cuidan ellos.
Faltan insumos en hospitales en la Prov BsAs pero tiene plata para financiar viajes de egresados o previaje.
Con la nuestra se divierten total nunca la ponen ellos


https://twitter.com/DrCKambourian/statu ... qjbdw&s=19

[quique43]

Hace 40 años que son los mismos


https://twitter.com/FerCerimedo_ok/stat ... R7W7w&s=19

[BARBUDA]

Ya lo dije mil veces hay que echarlos a la mie*** sin ninguna contemplación.
Después que hagan juicio, hay que llevarlos de apelación a apelación y que cobren, si pueden, el día del arquero, o en el mejor de los casos, que se mueran apelando por años, como hicieron con los jubilados.

[quique43]

Hace 40 años que están y se van repitiendo todos a vivir del curro.



https://twitter.com/pablocasx1/status/1 ... 00508?s=19

[quique43]

Hoy más que nunca achicar éste Estado es agrandar la Nación.
Y algo que poco se ve, el capital que será liberado de las áreas en que se consume y malgasta será impresionante.
Kioskos de todo tipo armados por la política para meterse adentro para vivir del contribuyente.
La motosierra.



quote=horaciotercero post_id=5351274 time=1693747152 user_id=30633]
El empleo público alcanzó niveles récord y La Cámpora busca blindar a sus militantes
A pocos meses de un nuevo gobierno, los militantes de la agrupación fundada por Máximo Kirchner se acumulan en sitio
22/08/2023 - 21,00hs
El empleo público alcanzó niveles récord y La Cámpora busca blindar a sus militantes

La derrota en las PASO puso en estado de ebullición a las diferentes tribus que integran el oficialismo, ante la posibilidad de perder el gobierno desde diciembre próximo.

La más poderosa de esas tribus es La Cámpora, que desde la misma noche del domingo 13 inició un vasto operativo destinado a garantizar que muchos de sus militantes mantengan el empleo aunque cambie de signo el gobierno.

Los movimientos son muy notorios en verdaderos nichos de esa "agencia de colocación" en la que se convirtió la facción fundada por Máximo Kirchner.

Empresas públicas como YPF, Aerolíneas Argentinas, Télam, la TV Pública, ministerios con fuerte manejo de recursos como los de Interior y de Desarrollo Social, sumado a municipios como Avellaneda y Hurlingham, representan algunos de los enclaves de la telaraña del Estado en la que se agazapan militantes.

Son los llamados "cargos políticos", que van engrosando la pirámide del empleo público en la Argentina.

Entre los propios dirigentes políticos se los califica de "capas geológicas", porque se van apilando y hasta en algunos casos terminan negociando para que ninguno pierda el "puesto fijo", como le dicen en Italia.

Máximo Kirchner, líder de La Cámpora. La agrupación acumula cargos en el Estado.
Máximo Kirchner, líder de La Cámpora. La agrupación acumula cargos en el Estado.
El Congreso, las Legislaturas provinciales y los concejos deliberantes representan ejemplos contundentes de esta mala praxis política que se viene robusteciendo y perfeccionando desde hace décadas, conformando la telaraña de burocracia en la que se enreda a diario el aparato productivo argentino.

El empleo estatal no para de crecer
Cerrar la puerta de ingreso para el empleo estatal se volvió un proyecto abstracto en el país, más allá de lo que se diga desde la pirámide del poder.

Lo saben los partidos políticos, lo conocen los empresarios y lo intuye el FMI, que viene pidiendo bajar el gasto estatal.

A pesar de lo que prometió, desde que Sergio Massa asumió al frente de Economía, el proceso tampoco se frenó. Todo lo contrario, al incremento de empleados públicos se le sumaron contrataciones que están siendo miradas con lupa por distintos dirigentes de la oposición, que en los últimos días hicieron trascender la suma millonaria que el Palacio de Hacienda paga por mes por alquilar las amplias camionetas cuadradas en las que se desplaza el jefe de Economía.

La planta de trabajadores que todos los meses cobran un sueldo como empleados de los tres niveles del Estado, sean nacionales, provinciales o municipales, no ha dejado de crecer. En julio de 2022, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que elabora el Ministerio de Trabajo, los dependientes pasaron de 3.375.000 a 3.430.000 registrados en mayo último.

Durante la gestión Massa entraron 54.000 personas, casi 150 por día, a alguna de las administraciones públicas.

Cuando Massa asumió en la Administración Pública Nacional había 341.700 empleados, mientras que en junio pasado esa cifra llegó a 342.680.

Aerolíneas Argentinas, uno de los reductos de La Cámpora, fue la empresa pública que más empleados sumó: casi 500. La razón: la organización liderada por Máximo Kirchner inició un proceso de blindaje a sus militantes para que, aún en caso de derrota electoral, mantengan su puesto. Así, se comenzó a pasar de contratados a planta permanente a cientos de empleados que llegaron con este gobierno.

Durante la gestión de Massa en Economía, creció el empleo público.

Más empleo estatal que privado
Durante el gobierno de Alberto Fernández el trabajo en el Estado aumentó mucho más que el privado. En 2012, por cada 100 empleados públicos que había entonces, en mayo pasado llegaban a 135. Es decir, subió 35% mientras la economía se mantiene en el mismo lugar.

En cambio, los asalariados formales que están en el sector privado pasaron de 100 a 103,9 en mayo (subieron sólo 3,9%).

En el 2000, hasta la llegada del ciclo kirchnerista al poder, entre empleados municipales, provinciales y nacionales prestaban servicio para los diferentes niveles del Estado 2,2 millones de personas.

Es decir, en veinte años la cantidad de empleados públicos aumentó casi 60%.

Nuria Susmel, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), estima que en la actualidad hay 3,9 millones de empleados públicos en todo el país.

Pero hay ítems que se escapa a veces de los números oficiales sobre empleo público. Durante el kirchnerismo se dispararon las "unidades ejecutoras especiales temporarias", pobladas de cientos de funcionarios.

Surgieron para "gestionar planes, programas y proyectos de carácter transitorio y excepcional, pudiendo determinar la estructura, el funcionamiento y asignación de recursos humanos que correspondan". Y debían durar como máximo dos años. Aunque en algunos casos se perpetuaron.

Estas unidades engloban actividades tan amplias como "Comunidades indígenas2 hasta el "traslado del Mercado de hacienda". El objetivo de fondo es poder dotarlas de presupuesto y, con esa lógica, poder nombrar gente que viene de la política en su mayor parte.

En los últimos 20 años, la cantidad de empleados públicos creció en un 60%.
El ministro le pide cargos al gobernador, que a su vez se los solicita al intendente y, así, la bola del empleo público no para de crecer.

Algo parecido ocurre en los polémicos registros de la propiedad automotor, una verdadera máquina de recaudar que siempre terminan a cargo de algún allegado a funcionarios, jueces, legisladores y demás "influyentes".

Las unidades ejecutoras son un desafío para la imaginación: está la del Canal Magdalena, la destinada a "Promover Turismo Federal y Sostenible", la del "Estado en tu Barrio", la de "Economía del conocimiento", la de "coordinación agropecuaria" y la de "Argentina Futura". Se suman además las de cooperativas de trabajo y muchas están vinculadas con la imagen institucional.

"Puestos fijos" que se acumulan y apilan en el Estado
Los vericuetos del Estado son interminables y podría decirse que donde haya alguna caja política habrá algún funcionario listo para crear el marco adecuado para usufructuarla.

En la política argentina, cruzada por las denuncias de corrupción sobre las que la Justicia avanza o retrocede según quién esté en el poder, la inventiva para generar cargos es interminable, y los "puestos fijos" brotan como hongos.

Uno de los episodios más curiosos se produce con las áreas institucionales y de comunicación: desde hace varios gobiernos, se puso de moda una estrategia que refleja hasta donde el bipartidismo cristalizó las costumbres de aprovecharse de los fondos del Estado que afrontan los contribuyentes.

En el marco de esa lógica, las nuevas gestiones que llegan cuando asume el próximo gobierno suele mantener los cargos de sus predecesores, que por supuesto no tendrá trabajo alguno, porque el político que arriba quiere gente de su confianza para tan delicado asunto como comunicar y construir imagen.

El modus operandi se aplica con visión de futuro. Quién hace ese favor, sabe que cuando el signo político cambie, los miembros de la gestión derrotada también mantendrán su cargo, como devolución de gentilezas.

Delicias de la política argentina, que entró en ebullición tras el resultado de las PASO y que ahora busca reinventarse para que, pase lo que pase, el "puestito" se pueda mantener. Porque si hay algo que brota como hongos en la Argentina, es el cargo político.
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[danyf]

Ya lo dije mil veces hay que echarlos a la mie*** sin ninguna contemplación.
Después que hagan juicio, hay que llevarlos de apelación a apelación y que cobren, si pueden, el día del arquero, o en el mejor de los casos, que se mueran apelando por años, como hicieron con los jubilados.

[horaciotercero]

El empleo público alcanzó niveles récord y La Cámpora busca blindar a sus militantes
A pocos meses de un nuevo gobierno, los militantes de la agrupación fundada por Máximo Kirchner se acumulan en sitio
22/08/2023 - 21,00hs
El empleo público alcanzó niveles récord y La Cámpora busca blindar a sus militantes

La derrota en las PASO puso en estado de ebullición a las diferentes tribus que integran el oficialismo, ante la posibilidad de perder el gobierno desde diciembre próximo.

La más poderosa de esas tribus es La Cámpora, que desde la misma noche del domingo 13 inició un vasto operativo destinado a garantizar que muchos de sus militantes mantengan el empleo aunque cambie de signo el gobierno.

Los movimientos son muy notorios en verdaderos nichos de esa "agencia de colocación" en la que se convirtió la facción fundada por Máximo Kirchner.

Empresas públicas como YPF, Aerolíneas Argentinas, Télam, la TV Pública, ministerios con fuerte manejo de recursos como los de Interior y de Desarrollo Social, sumado a municipios como Avellaneda y Hurlingham, representan algunos de los enclaves de la telaraña del Estado en la que se agazapan militantes.

Son los llamados "cargos políticos", que van engrosando la pirámide del empleo público en la Argentina.

Entre los propios dirigentes políticos se los califica de "capas geológicas", porque se van apilando y hasta en algunos casos terminan negociando para que ninguno pierda el "puesto fijo", como le dicen en Italia.

Máximo Kirchner, líder de La Cámpora. La agrupación acumula cargos en el Estado.
Máximo Kirchner, líder de La Cámpora. La agrupación acumula cargos en el Estado.
El Congreso, las Legislaturas provinciales y los concejos deliberantes representan ejemplos contundentes de esta mala praxis política que se viene robusteciendo y perfeccionando desde hace décadas, conformando la telaraña de burocracia en la que se enreda a diario el aparato productivo argentino.

El empleo estatal no para de crecer
Cerrar la puerta de ingreso para el empleo estatal se volvió un proyecto abstracto en el país, más allá de lo que se diga desde la pirámide del poder.

Lo saben los partidos políticos, lo conocen los empresarios y lo intuye el FMI, que viene pidiendo bajar el gasto estatal.

A pesar de lo que prometió, desde que Sergio Massa asumió al frente de Economía, el proceso tampoco se frenó. Todo lo contrario, al incremento de empleados públicos se le sumaron contrataciones que están siendo miradas con lupa por distintos dirigentes de la oposición, que en los últimos días hicieron trascender la suma millonaria que el Palacio de Hacienda paga por mes por alquilar las amplias camionetas cuadradas en las que se desplaza el jefe de Economía.

La planta de trabajadores que todos los meses cobran un sueldo como empleados de los tres niveles del Estado, sean nacionales, provinciales o municipales, no ha dejado de crecer. En julio de 2022, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que elabora el Ministerio de Trabajo, los dependientes pasaron de 3.375.000 a 3.430.000 registrados en mayo último.

Durante la gestión Massa entraron 54.000 personas, casi 150 por día, a alguna de las administraciones públicas.

Cuando Massa asumió en la Administración Pública Nacional había 341.700 empleados, mientras que en junio pasado esa cifra llegó a 342.680.

Aerolíneas Argentinas, uno de los reductos de La Cámpora, fue la empresa pública que más empleados sumó: casi 500. La razón: la organización liderada por Máximo Kirchner inició un proceso de blindaje a sus militantes para que, aún en caso de derrota electoral, mantengan su puesto. Así, se comenzó a pasar de contratados a planta permanente a cientos de empleados que llegaron con este gobierno.

Durante la gestión de Massa en Economía, creció el empleo público.

Más empleo estatal que privado
Durante el gobierno de Alberto Fernández el trabajo en el Estado aumentó mucho más que el privado. En 2012, por cada 100 empleados públicos que había entonces, en mayo pasado llegaban a 135. Es decir, subió 35% mientras la economía se mantiene en el mismo lugar.

En cambio, los asalariados formales que están en el sector privado pasaron de 100 a 103,9 en mayo (subieron sólo 3,9%).

En el 2000, hasta la llegada del ciclo kirchnerista al poder, entre empleados municipales, provinciales y nacionales prestaban servicio para los diferentes niveles del Estado 2,2 millones de personas.

Es decir, en veinte años la cantidad de empleados públicos aumentó casi 60%.

Nuria Susmel, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), estima que en la actualidad hay 3,9 millones de empleados públicos en todo el país.

Pero hay ítems que se escapa a veces de los números oficiales sobre empleo público. Durante el kirchnerismo se dispararon las "unidades ejecutoras especiales temporarias", pobladas de cientos de funcionarios.

Surgieron para "gestionar planes, programas y proyectos de carácter transitorio y excepcional, pudiendo determinar la estructura, el funcionamiento y asignación de recursos humanos que correspondan". Y debían durar como máximo dos años. Aunque en algunos casos se perpetuaron.

Estas unidades engloban actividades tan amplias como "Comunidades indígenas2 hasta el "traslado del Mercado de hacienda". El objetivo de fondo es poder dotarlas de presupuesto y, con esa lógica, poder nombrar gente que viene de la política en su mayor parte.

En los últimos 20 años, la cantidad de empleados públicos creció en un 60%.
El ministro le pide cargos al gobernador, que a su vez se los solicita al intendente y, así, la bola del empleo público no para de crecer.

Algo parecido ocurre en los polémicos registros de la propiedad automotor, una verdadera máquina de recaudar que siempre terminan a cargo de algún allegado a funcionarios, jueces, legisladores y demás "influyentes".

Las unidades ejecutoras son un desafío para la imaginación: está la del Canal Magdalena, la destinada a "Promover Turismo Federal y Sostenible", la del "Estado en tu Barrio", la de "Economía del conocimiento", la de "coordinación agropecuaria" y la de "Argentina Futura". Se suman además las de cooperativas de trabajo y muchas están vinculadas con la imagen institucional.

"Puestos fijos" que se acumulan y apilan en el Estado
Los vericuetos del Estado son interminables y podría decirse que donde haya alguna caja política habrá algún funcionario listo para crear el marco adecuado para usufructuarla.

En la política argentina, cruzada por las denuncias de corrupción sobre las que la Justicia avanza o retrocede según quién esté en el poder, la inventiva para generar cargos es interminable, y los "puestos fijos" brotan como hongos.

Uno de los episodios más curiosos se produce con las áreas institucionales y de comunicación: desde hace varios gobiernos, se puso de moda una estrategia que refleja hasta donde el bipartidismo cristalizó las costumbres de aprovecharse de los fondos del Estado que afrontan los contribuyentes.

En el marco de esa lógica, las nuevas gestiones que llegan cuando asume el próximo gobierno suele mantener los cargos de sus predecesores, que por supuesto no tendrá trabajo alguno, porque el político que arriba quiere gente de su confianza para tan delicado asunto como comunicar y construir imagen.

El modus operandi se aplica con visión de futuro. Quién hace ese favor, sabe que cuando el signo político cambie, los miembros de la gestión derrotada también mantendrán su cargo, como devolución de gentilezas.

Delicias de la política argentina, que entró en ebullición tras el resultado de las PASO y que ahora busca reinventarse para que, pase lo que pase, el "puestito" se pueda mantener. Porque si hay algo que brota como hongos en la Argentina, es el cargo político.

[horaciotercero]

Elecciones en Santa Fe: la pelea encarnizada por los votos y el control de Rosario, la ciudad violenta que define el resultado
Tanto Juntos por el Cambio como el peronismo centran su atención en la disputa electoral en la ciudad, epicentro del negocio del tráfico de drogas, tras una campaña atravesada por la problemática de la inseguridad

ROSARIO (Enviado especial).-El aparato electoral de Juntos por el Cambio y del peronismo se encuentra en ebullición en la ciudad de Rosario, epicentro del crimen y la violencia por el avance del narcotráfico en el país, en la antesala de las PASO del próximo domingo. En el distrito más influyente de Santa Fe, donde ya se registraron 156 homicidios en lo que va del año, una cifra récord, se librará la madre de todas las batallas entre los principales precandidatos a gobernador que aspiran a disputar la sucesión de Omar Perotti en las elecciones generales del 10 de septiembre.

En una campaña que estuvo atravesada por la problemática de la inseguridad y el alarmante incremento de la violencia ligada al tráfico de drogas, la preocupación primordial para la ciudadanía local, los radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe Puede) y Carolina Losada (Es con Vos), protagonistas de la encarnizada interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, el “frente de frentes” que construyó la UCR, el Pro y el socialismo para desbancar al PJ de la provincia, redoblaron sus esfuerzos para fortalecer su despliegue territorial y sumar apoyos en Rosario, el departamento electoral más importante del territorio santafesino. Está claro que aquí se dará la mayor disputa entre Losada y Pullaro. La diferencia que obtenga la senadora en esta ciudad sería clave en la competencia por el premio mayor. Es que Pullaro está convencido de que se hará fuerte en el interior de la provincia -el andamiaje radical tiene un peso estratégico en esa geografía-, donde aspira a lograr una notable cosecha de votos. Por eso, tejió para equilibrar la compulsa con Losada en Rosario, quien corre con ventaja en las encuestas en el distrito. “Maximiliano sabe que con un piso del 10% en Rosario, gana la elección”, afirman en su tropa.

En el peronismo también habrá una competencia fuerte por el control de Rosario. El frente Juntos Avancemos, que tiene como aspirantes a la gobernación al senador Marcelo Lewandowski, a Marcos Cleri, de La Cámpora, a Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, y Leandro Busatto, representante local del sector de Agustín Rossi, pretende consolidar su base de sustentación en el terruño rosarino, donde el socialismo gobernó durante más de treinta años. Una buena performance en la ciudad más influyente les permitirá exhibir muestras certeras de que aún tendrían chances de retener el poder en Santa Fe, pese al desgaste por la gestión de Perotti y la creciente angustia social por la inseguridad y la ola de enfrentamientos entre las bandas del narcotráfico.
En ese contexto de incertidumbre y tensión, la puja por la intendencia de Rosario es de alto impacto. El actual jefe municipal, Pablo Javkin, un dirigente de extracción radical que cerró filas con Losada para darle un nuevo impulso a su proyecto, confía en que logrará imponerse y no sufrirá sobresaltos en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe. Si sale victorioso y el espacio es el más votado, cree que fortalecerá sus posibilidades de acceder a un segundo mandato en las generales septiembre.
Javkin, que venció al peronismo en 2019 en una elección reñida, necesita surfear el malestar que sobrevuela en la población por la crisis de la seguridad. En su entorno consideran que logró visualizar frente al electorado que la contención del avance del crimen organizado en su distrito depende de un accionar coordinado del gobierno nacional y provincial y la Justicia. Una respuesta institucional de todos los niveles.

Ayer recibió un espaldarazo de Patricia Bullrich (La Fuerza del Cambio), quien viajó a Rosario para impulsar a Losada, una de sus socias más estrechas en el radicalismo. En el Monumento a la Bandera, Bullrich, Losada y Javkin ratificaron la firma de un compromiso para trabajar en conjunto en la lucha contra el narcotráfico. Bullrich auguró que Javkin acceda a un segundo mandato, pese a que la boleta de la lista “Es con vos”, que preside Losada, tendrá como postulante a intendente al periodista Charly Cardozo (Pro). La competencia es fuerte en todos los niveles. Por caso, hay 56 candidatos en la categoría de concejal municipal.

El desfile proselitista que protagonizaron ayer Bullrich y Losada en la peatonal de Rosario fue un botón de muestra del clima político en la ciudad. La mayoría de los transeúntes se arrimó para sacarse selfies y charlar con las candidatas. Pero también se escucharon quejas y chicanas. A Bullrich un joven le recordó con tono irónico su paso por la JP y Montoneros. Y una señora dejó en claro su preferencia por otros candidatos: “Este es un pato criollo”, sentenció al ver el tumulto por la presencia de Bullrich. A Losada una mujer le reprochó que no haya dado quórum el miércoles en el Senado para el nombramiento de jueces y fiscales, relevante para la lucha contra el narco. “Yo estuve ahí. Te muestro la foto”, le respondió. Poco después, los laderos de Bullrich y Losada se fueron entusiasmados por las señales de apoyo: “No podían caminar”.
AGUANTE PATRICIA