Desde Magnetto y Saguier hasta los herederos de Bemberg, Amalita y Pérez Companc se oponen a pagar el impuesto a la riqueza. La AFIP intimó a 50 millonarios.
Este miércoles 28 de abril venció el plazo para que los 13.000 contribuyentes con patrimonios declarados superiores a los 200 millones de pesos (al 31 de diciembre último) abonaran el aporte solidario a las grandes fortunas o se suscribieran al plan de pagos de hasta 6 cuotas mensuales, con el que el Gobierno espera recaudar unos 300 mil millones de pesos. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) preparaba por estas horas el informe final sobre el monto recaudado o comprometido, mientras los tribunales federales continuaban recibiendo demandas de quienes buscan evitar el pago. Hasta el momento, según un relevamiento de Letra P, unas 200 personas iniciaron un litigio por considerar que el impuesto a la riqueza es inconstitucional y tiene carácter confiscatorio.
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Entre quienes eligieron no pagar y demandar a la Administración Federal de Ingresos Públicos hay dueños de los dos multimedios más poderosos del país, profesionales, empresarios de distintos ramos, herederos con apellidos patricios y hasta futbolistas y exfutbolistas. Hasta este jueves 29, la última demanda que había entrado a los tribunales en lo contencioso administrativo federal era la de la periodista Karina Alejandra Alonso Piñeiro, exesposa del exintendente de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Grosso, hombre que integró la mesa chica del expresidente Mauricio Macri durante sus gestiones metropolitana y nacional.
Como contó Letra P, los principales accionistas del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro, fueron a la Justicia, asesorados por los estudios Sáenz Valiente y PWC. Los representa Damián Cassino, apoderado de los empresarios y abogado en numerosos pleitos judiciales del multimedios. Pagliaro, por ejemplo, estimó que por el aporte solidario debería pagar $263,65 millones, que se sumarían a los poco más de $52 millones que desembolsará por el impuesto a los Bienes Personales. Así, según la demanda, la suma del aporte extraordinario y de Bienes Personales "importa la absorción del 144% de la renta neta estimada del periodo fiscal 2020, una vez detraído el correspondiente impuesto a las Ganancias, y en el periodo 2019, frente a la inexistencia de renta neta, dicha carga fiscal incide directamente sobre el patrimonio" de Pagliaro. Argumentos similares presentaron los accionistas de La Nación S.A. Matilde Noble Mitre de Saguier, y Alejandro Julio Saguier representados por el estudio Bertazza Nicolini Corti.
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Entre los demandantes también se encuentran Inés Bárbara Bengolea, nieta de Amalia Lacroze de Fortabat, y Rosario, Cecilia y Pilar Pérez Companc, integrantes de la familia que controla Molinos Ríos de la Plata, junto con Luis , que es el presidente de la alimenticia. Bengolea y algunos Pérez Companc comparten abogados del estudio PWC. No son los únicos apellidos ilustres: Ana Clotilde María Ludovica Vallarino Gancia, que integra el directorio de Cepas Argentinas SA, la compañía que elabora Gancia y otras bebidas alcohólicas, también litiga representada por el letrado pelirrojo Cassino. Este jueves se sumaron a ellos los herederos de la familia Bemberg Sebastián, Magdalena y María De Montalembert. Sebastián integra el directorio del Grupo Peñaflor. El presidente de FIAT Argentina, Cristiano Rattazzi, manifestó en público su oposición al aporte y obró en consecuencia.
Letra P también consignó que dos nombres llaman la atención por su cercanía al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz: Gabriel Bouzat y Claudio Miguel Liberman. El abogado Bouzat fue el histórico socio de Rosenkrantz durante sus años como abogado corporativo y representa a Liberman, que comparte o compartió con el juez la propiedad de Cinacina SA., una estancia de San Antonio de Areco.
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La oposición al aporte extraordinario es transversal a los negocios e intereses: los futbolistas Carlos Tévez y Renato Civelli y el exfutbolista y actual director deportivo de Olimpia de Paraguay Christian Bassedas iniciaron acciones legales contra el fisco.
De todos modos, la avalancha de demandas que vaticinaban estudios contables y jurídicos aun no se constató. De los 13.000 contribuyentes que, según AFIP, deberían tributar, unos 200 iniciaron litigios y el Estado fue notificado en unas 70 causas. Algunos amparos ya se resolvieron a favor del fisco, como el que intentó en Mendoza la empresaria bodeguera y exdiputada de Cambiemos Susana Balbo. En parte, porque muchos empresarios prefieren apretar los dientes y pagar; en parte porque el juicio es un proceso largo y puede resultar muy costoso.
La AFIP no anticipó números de lo que ingresará al fisco por el Aporte Solidario. Semanas atrás, la administradora Mercedes Marcó del Pont contaba $30.000 millones, pero la cifra actualizada -entre pagos efectuados y planes comprometidos- ya alcanzaría las seis cifras. El fisco comenzó, el viernes, a intimar a contribuyentes alcanzados por las escalas superiores del aporte solidario que no presentaron las declaraciones juradas en tiempo y forma, antes del pasado 16 de abril. Unas 50 personas recibieron notificaciones de manera presencial en todo el país. "El organismo remitirá a lo largo de la próxima semana nuevas tandas de requerimientos para individuos multimillonarios que intentan eludir sus obligaciones con el Estado argentino", anticiparon fuentes oficiales.