Domingo, 30 de octubre de 2016
ENTREVISTA A ALBERTO BINDER, EXPERTO EN DERECHO PROCESAL PENAL
“La disputa es por el dominio político mafioso de la Justicia federal”
El titular del Inecip asegura que se utiliza la figura de Gils Carbó para ocultar la batalla por el control del Ministerio Público Fiscal en el contexto de transición al sistema acusatorio.
Por Irina Hauser
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“Dudo de que encuentren motivo para un juicio político” a Gils Carbó, sostuvo Alberto Binder.
“La disputa real es por el dominio político mafioso de la justicia federal en el futuro, sabiendo que vamos a un sistema acusatorio que reconfigura las relaciones”, dice Alberto Binder, experto en derecho procesal penal, en el balance de la semana en que fracasó el proyecto que buscaba reformar la Ley de Ministerio Público Fiscal otorgándole fuerte poder de influencia a una Comisión Bicameral. El problema según el jurista, asesor de múltiples reformas de ministerio público en la región y titular del Instituto de Estudios en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), “no es Gils Carbó” sino que “se utiliza su figura” para esconder la batalla por el dominio de la estructura que ella actualmente dirige, cuyos fiscales entre muchas otras cosas interviene en causas penales, como las de corrupción y narcotráfico. “Dudo que encuentren motivo para un juicio político”, sostuvo en diálogo con Página/12.
–¿Es necesario reformar la ley de Ministerio Público como han intentado, por ahora sin éxito, el oficialismo y el Frente Renovador?
–Contra lo que plantea el Gobierno, no hace falta ninguna reforma funcional para ingresar al sistema acusatorio (donde la investigación estará a cargo de los fiscales y los jueces serán garantes) porque la ley existente ya fue diseñada para su entrada en vigencia. Desde el verano, ha habido un intento disfrazado de estructuras normativas para desplazar a Alejandra Gils Carbó. La única reforma necesaria que se viene postergando es la de fijar un plazo razonable para el mandato del procurador, pero mucho más allá de Gils Carbó. Es porque hace falta que la política del Ministerio Público Fiscal tenga armonía con la política criminal del Poder Ejecutivo, sin afectar la autonomía. El problema es que no ha sido intención del Gobierno dar una discusión seria sobre esto ni sobre la Ley de Ministerio Público.
–¿Cuál ha sido la intención?
–Se utiliza la figura de Gils Carbó para lograr un movimiento político mucho mayor, que se ha visto en todos los países de la región que pasaron al sistema acusatorio. Por un lado, se trata de echarle un manotazo al Ministerio Público desde el poder político. En nuestro país tenemos un grupo que gira alrededor de (Daniel) Angelici y (Enrique) Coti Nosiglia, denunciado dentro mismo de Cambiemos por Elisa Carrió, al que no le alcanza con los lugares que ocupa entre los servicios de inteligencia sino que quiere copar el Ministerio Público Fiscal para tener hegemonía en la investigación de los delitos federales. El otro posible movimiento consiste en el intento de convertirlo en una institución boba. Con procuradores sin jefatura ni liderazgo. La dirigencia quiere tener sus vínculos allí para garantizarse que no se convierta en una organización peligrosa, o que la ponga en riesgo. Lo que intenta es neutralizar la autonomía del Ministerio Público Fiscal. Por eso también el dictamen exigía cinco años de antigüedad a quienes dirijan una procuraduría. Era otra trapisonda para hacer caer fiscales actuales.
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