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El Gobierno autorizaría un monopolio en materia de eventos
BUENOS AIRES (Redacción) - El alquiler de un local comercial en el corazón de Palermo Soho cuesta, según inmobiliarias de la zona, entre $90.000 y $100.000 por mes. Durante el primer año de contrato, la UTE que integran entre otros La Rural e IRSA, y que fue la única ofertante para concesionar el Centro de Convenciones, podrían pagar $175.000 por un complejo que tiene 22.000 metros cuadrados, que fue diseñado por el estudio del arquitecto Edgardo Minond y por cuya construcción el Gobierno porteño pagó casi $500 millones. La empresa tendría el monopolio de eventos.
El monto surge de la actualización de la oferta ganadora con los porcentajes indicados en el pliego de la licitación a los que tuvo acceso El Intransigente.
Según consta en el capítulo 15 de dicho documento, el canon mensual se pagará de la siguiente manera. Durante el primer año, el 25% del total, en el segundo el 35%, en el tercero el 55%, en el cuarto el 80% y a partir del quinto año la totalidad. Ellos, según fuentes oficiales, cerraron un pago mensual de $1.411.000, un 11% por encima del piso mínimo que se estableció en la licitación.
Los motivos del canon escalonado, según explicaron en el Ente de Turismo y también en el sector privado, son dos. Por un lado las inversiones que se tendrán que realizar durante los primeros cinco años, sobre todo en terminaciones de obra, que calculan que rondarán los U$S 4.000.000. En segundo lugar sostienen que tarda captar clientes para contratar el espacio que tendrá capacidad para 6.000.
A eso se sumó que a mediados de abril el Ejecutivo porteño firmó un decreto en el que le permite al locatario solicitar la reducción del 50% del canon mensual durante los primeros 22 meses como consecuencia de las obras por la nueva traza de la Autopista Illia. "Respecto a la corrección por la traza de la Illia, lo que dice el decreto es que se podrá reducir el canon mensual hasta un 50% durante los meses que dure la construcción. Es decir, que el concesionario debe demostrar antes que la construcción lo perjudica comercialmente por ruidos, reducciones de accesos, o lo que fuera. Luego de evaluar esto, la Ciudad puede elegir reducir hasta 50% el canon durante los meses en que se genere el perjuicio”, explicaron fuentes del ministerio de Modernización porteño.
"La empresa va a tener que demostrar, fehacientemente, que tiene un perjuicio comercial y que por eso amerita que se le reintegre hasta la mitad del canon. Pero el control va a ser extenuante y va a comprender el tiempo que efectivamente la obre pueda llegar a afectarlo”, dijo en declaraciones al diario La Nacion el Director Ejecutivo del Ente de Turismo, Gonzalo Robredo, quien será el encargado de evaluar dicha cuestión.
Fuentes empresariales, además, explicaron, como también hizo el Gobierno, que todavía el proceso no se encuentra cerrado aunque sólo se haya recibido una oferta por parte de la UTE conformada por La Rural SA, OFC SRL, Ogden Argentina y Entretenimientos Universal Argentina SA, con un convenio con Messe Frankfurt, uno de los principales operadores a nivel mundial de Turismo de reuniones. La participación de IRSA, principalmente llega de la mano de Ogden, de la cual posee la mayoría del paquete accionario, como también pequeñas partes de las restantes. En cuanto a OFC SRL, en el Ejecutivo porteño remarcaron su inclusión debido a que se trata de los mismos dueños que Congress Rental, quienes aportarán el know how para realizar los eventos internacionales que aspira recibir.
"Los requerimientos para calificar fueron muy estrictos, por eso se armó esa UTE, en donde celebramos por sobre todas las cosas las participación de la Rural y de Congress Rental que son los dos players importantes del rubro”, explicó Robredo.
En el proceso hubo cinco empresas que solicitaron información sobre las condiciones, pero sólo una realizó la oferta. Según adelantaron fuentes gubernamentales, a fin de mes se publicaría la adjudicación. Por ese motivo en las diferentes empresas que componen la UTE sostuvieron que todavía es temprano para realizar declaraciones al respecto.
La operatoria, además, fue aprobada por el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, el ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, Andy Freire, quien según consignó en su Declaración Jurada del ejercicio de 2015 hasta noviembre de ese año fue director rentado de IRSA, empresa que le pagó $600.000 anuales por sus servicios.
En agosto del año pasado, Lilita Carrió mediante el auditor porteño que responde a ella, Facundo Del Gaiso, denunció que la situación de Freire violaba la ley de ética pública. "Hay un conflicto de intereses. Pedimos que se cumpla con el artículo once de la ley de Ética Pública para que se excuse de tener injerencia en cualquier acto administrativo donde esté IRSA, ya que baje su órbita tiene la Dirección de Concesiones”, dijo entonces Del Gaiso.
La excusación formal de Freire, según consta en el Boletín Oficial de la Ciudad fue el 22 de junio cuando se cerró la licitación. Sin embargo, la oferta de la UTE ganadora, según consta en los registros públicos, fue recibida el 28 de abril.
Ahora, es la oposición al PRO en la Ciudad la que criticó la situación. "El Centro de Convenciones lo hizo lo Ciudad de Buenos Aires; ¿quién ganó la concesión? IRSA, Y el ministro de Modernización que llevó adelante la licitación fue antes de haber asumido el cargo director de esa empresa. Por eso discrepamos tanto con las prioridades que tiene el PRO, porque la única prioridad que tiene en manera de cambio de la traza urbana es el negocio inmobiliario”, sostuvo el precandidato a diputado nacional por Evolución, Martín Lousteau.
Fuentes del Ministerio de Modernización sostuvieron que desde un principio se firmó la excusación de Freire para dichos casos puntuales y que se va a seguir manteniendo. "Para que se entienda, nuestra pela es contra el cinismo, la resignación y la desesperanza, más que con posibles rivales políticos”, respondieron.
"A los vecinos la Ciudad les aumenta cada vez más impuestos y tasas (este año se acumulan ABL, peajes, VTV, naftas, tarifas de servicios públicos y otros) y con esta decisión beneficia a un privado que obtendrá un rédito a través de una concesión del GCBA. Es injusto para los contribuyentes", afirmó el legislador porteño por Suma +, Juan Francisco Nosiglia
La polémica surgió porque durante la construcción del Metrobús de Cabildo varios de los comerciantes presentaron quejas ante el Gobierno porteño por el impacto comercial negativo que tuvo toda la construcción de la obra. En ese entonces, desde el Ejecutivo porteño atinaron a responder que los beneficios se verían una vez que culminasen los trabajos.