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El gobierno de Córdoba aseguró este viernes que "honra sus compromisos" y endilgó responsabilidad a la Secretaría de Energía de la Nación por el riesgo de incumplimiento en el pago de un bono provincial, al desechar la posibilidad de que corra peligro de caer en "default técnico".
En un nuevo capítulo de la disputa política y económica que mantiene la administración cordobesa con la Casa Rosada, la provincia afirmó que su acción cuenta con el aval de la Justicia, que dispuso una medida cautelar en favor de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
De este modo, el gobierno que lidera José Manuel de la Sota salió al cruce de reportes periodísticos que daban cuenta de que la provincia estaba cerca de un "default técnico" debido a que EPEC no había podido cumplir con el pago de un préstamo recibido de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
Al mismo tiempo, Córdoba buscó "llevar tranquilidad a los mercados en general" y subrayó su "histórica tradición de honrar siempre sus compromisos".
La provincia resaltó que "en virtud del incumplimiento de la Secretaría de Energía de la Nación de su Resolución 220, que aseguraba el pago de los bonos emitidos por EPEC (...) para financiar la construcción de la Central Pilar, con la venta de la energía producida por ésta, se generó la imposibilidad de la empresa de energía cordobesa de pagar la totalidad de los servicios mensuales de dichos bonos".
"Razón por la cual la Provincia, en su carácter de garante de la empresa, paga por mes 5 millones de dólares estadounidenses (u$s5.000.000)", agregó el gobierno cordobés.
También dijo que "a raíz de la injusticia de lo señalado, EPEC promovió una acción judicial en contra del Estado nacional, obteniendo una medida cautelar que suspende la obligación de la Provincia de hacer esos desembolsos mensuales, por haber encontrando razonable el reclamo efectuado".
En un comunicado, el gobierno de Córdoba sostuvo que "advirtiendo los efectos negativos que la suspensión de pagos por garantía ordenada judicialmente podría generar en los mercados financieros", resolvió "depositar los fondos necesarios para cubrir la totalidad de los servicios de capital e intereses, aun cuando podría no hacerlo en virtud de la decisión judicial que así lo dispuso".
"La provincia de Córdoba exhibe una histórica tradición de honrar siempre sus compromisos -indicó el comunicado-, lo cual ha quedado demostrado en la gran crisis económica que sufrió el país en 2001 y 2002, cuando la Argentina y las provincias se declararon en default, la única que no lo hizo fue la de Córdoba, que siguió cumpliendo puntillosamente todos los compromisos con sus acreedores internos e internacionales".
"El presente comunicado tiene por objeto llevar tranquilidad a los mercados en general, sin dejar de resaltar que la provincia de Córdoba seguirá accionando judicialmente contra el Gobierno nacional por este caso y cada uno de sus incumplimientos, que importan menoscabo de los derechos de los cordobeses", indicó la administración citada por NA.
