Mensajepor quique43 » Jue Dic 01, 2022 10:17 am
Vacunas:
En una reunión de la Auditoria General de la Nación (AGN), la mayoría oficialista aprobó ayer un documento en el que validó los diez contratos que el Gobierno acordó con los laboratorios para la compra y provisión de vacunas contra el COVID-19, y definió mantener en estricta confidencialidad todas esas actuaciones.
La decisión provocó un enérgico rechazo de los auditores que pertenecen a Juntos por el Cambio, que reclamaban un control más exhaustivo sobre la adquisión de las inoculaciones. Así, presentaron un dictamen de “rechazo total” al informe oficial.
Los miembros de la oposición, encabezados por el presidente de la AGN, Jesús Rodríguez (UCR), y los miembros Miguel Pichetto (Peronismo Republicano) y Alejandro Nieva (UCR), exigieron explicaciones al Gobierno sobre los criterios y en qué condiciones se rubricaron las operaciones de compra-venta que demandaron una inversión sanitaria para el Estado de USD 1.737 millones.
Lo que estaba bajo la lupa era la firma de los contratos que se firmaron en medio de la pandemia con los laboratorios AstraZeneca, el Instituto Serum de India, Sinopharm, Sputnik, Moderna, Cansino, AstraZeneca vía Covax, el Instituto Beijing vía Covax, Richmond y Pfizer.
Encabezada por Jesús Rodríguez, la reunión en la sede de la Auditoría arrancó a las 11.30. Además de los miembros de la oposición, de parte del oficialismo estuvieron los auditores Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, María Graciela de la Rosa y Gabriel Mihura Strada.
Forlón, ex director del Banco Nación y actual titular de la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero, estuvo a cargo de dar las explicaciones del dictamen de la mayoría, y de repasar, contrato por contrato, las características de cada operación.
El resto del bloque oficialista dio fundamentos sobre las razones para mantener en secreto los convenios cerrados con los laboratorios, en alusión a la ley de vacunas aprobada en diciembre de 2020. Aseguraron que, a partir de las cláusulas secretas incluidas en los contratos suscriptos entre el Ministerio de Salud y los laboratorios, no se pueden dar a conocer los detalles, ya que ello podría implicar eventuales sanciones y litigios.