Mensajepor quique43 » Mar Nov 29, 2022 6:11 pm
La acusación: (Los ladris, tomaron el ejecutivo para robar, ya lo venían haciendo en Santa Cruz, son mafiosos). Los acusados son 13.
Antes de que el fiscal Diego Luciani diera a conocer los pedidos de condena para cada uno de los trece acusados en el juicio oral de la causa Vialidad, el fiscal coadjyunto Sergio Mola describió, desde el comienzo de la audiencia, qué responsabilidad tuvieron cada uno de ellos en la maniobra mediante la cual se direccionó obra pública a favor de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015. A continuación, los trece acusados, de acuerdo al orden que siguió la fiscalía para detallar sus responsabilidades.
Cristina Fernández de Kirchner
12 AÑOS DE PRISIÓN
INHABILITACIÓN PERPETUA
PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS
A la vicepresidenta Cristina Kirchner la acusan por la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Fernández”, dijo el fiscal, quien consideró que ella y Néstor Kirchner fueron quienes dieron las órdenes para que se llevaran adelante todos los actos administrativos que direccionaron obra pública vial a las empresas de Báez y la posterior neutralización de los controles sobre sus obras. Luciani también la responsabilizó por el “plan salida” que se llevó adelante cuando el kirchnerismo perdió las elecciones, articulado entre Lázaro Báez y las autoridades nacionales para “limpiar todo” y no dejar rastros del sistema que había sido implementado y continuado durante 12 años para -según la acusación- defraudar al Estado.
Lázaro Báez
12 AÑOS DE PRISIÓN
El empresario patagónico era el dueño de Austral Construcciones y de otro paquete de empresas que recibieron decenas de contratos de obras públicas viales en Santa Cruz. “Llevó a cabo un rol trascendental como oferente y contratista de las licitaciones”, que, dijo, fueron empleadas como medio para favorecerlo. El fiscal dijo que Báez deberá responder en carácter de partícipe necesario de la asociación ilícita y aludió a cómo se gestó la relación entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner y cómo el empresario creó Austral Construcciones y las empresas relacionadas. Las licitaciones fueron manifiesta y deliberadamente amañadas para que resultaran adjudicatarias algunas de las empresas de Lázaro Báez. “Sin importar si las obras se hacían o no en el tiempo y forma contractual, Báez recibía siderales sumas de dinero injustificadamente”, dijo Luciani. Y lo consideró responsables de varias normas de la ley de obra pública. “Báez empleó sus empresas como parte indispensable para que la maniobra funcionara. Tenía un trato preferencial. Esto no podría haber sucedido de otro modo si no fuera porque la maniobra se encontraba dirigida desde el poder presidencial”, agregó. Y continuó: “Báez manejaba sus expedientes en el distrito 23. Para Báez se dictó las resoluciones 1005, para neutralizar controles, y la 899, para que cobrara antes. No lo controlaban los órganos de control provinciales. A Báez el Estado le proporcionó planes de regularización impositiva a medida. Esquivaba el control de la IGJ, miraban para otro lado. Tenía línea directa con el secretario de obra publica y por su intermedio con la presidenta de la Nación, a través de quiénes cobraba los certificados y con quien le armaron el plan salida. Fue económicamente beneficiado por la maniobra. Volcó a su patrimonio personal los ingresos que ilícitamente obtuvo que ilegalmente recibió a través de las licitaciones ilegales en varios casos con abultados sobreprecios”. Y dijo que Báez fue “el niño mimado de las autoridades presidenciales”. Para hablar del perjuicio al Estado el fiscal Mola primero aludió al peritaje realizado sobre cinco de las 51 obras que fueron adjudicadas a Báez. Citó los cinco casos y, en base a las conclusiones de los peritos Roberto Panizza y Juan Pablo Eloy Bona, (por parte de la Corte Suprema y de la Fiscalía), dijo que se encontraron en esos cinco contratos de obras más de 173 millones de dólares de sobreprecios. “Considerado que el perjuicio al Estado está constituido, no resulta menor 5321 millones de pesos, aproximadamente 1000 millones de dólares. La suma debería ser actualizada”, precisó Mola.
