TODAVIA HAY GENTE QUE LOS APLAUDE
Elevan a juicio oral una causa por defraudación a la ANSES de Campana Pcia Bs.As.
Por el hecho, se encuentran procesados ex autoridades del organismo, empleados, y tres abogados zarateños. Se investiga un presunto fraude que ascendería a casi 17 millones de pesos.
La Justicia Federal investiga una presunta estafa al organismo previsional.
A juicio oral. Así continuará la causa que naciera de una denuncia efectuada en 2010 por Andrés Gutiérrez, uno de los apoderados legales de ANSES, quien señaló irregularidades en la oficina local, que involucraría a funcionarios y empleados del organismo, junto a abogados y futuros beneficiarios relacionados al trámite de expedientes jubilatorios.
Según la denuncia, casi un centenar de expedientes se habrían realizado de forma incorrecta, con un claro perjuicio a la entidad gubernamental. La investigación buscó comprobar que dichos trámites que fueron a liquidación en el marco del "Suplemento Régimen para Investigadores Científicos y Tecnológicos" (exclusivo para trabajadores profesionales universitarios de escalafón "A"), no contaban con suficientes avales para acceder a dicho beneficio.
Los trabajadores involucrados en la presunta maniobra se desempeñaron mayormente en las centrales de Atucha I, Embalse y en la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA). Mozos, mucamas, telefonistas, ayudantes, operarios, choferes, inspectores, administrativos, electricistas, auxiliares y mecánicos, son algunas de las profesiones “bajo sospecha” que habrían sido incorporadas al régimen antes mencionado, en la causa que lleva adelante el juez Adrián González Charvay, del Juzgado Federal de Campana.
Los procesados, acusados del delito de defraudación agravada por haberse cometido en perjuicio de la Administración Pública, son los siguientes: Alberto Armesto (jefe ANSES Campana), Graciela Aguirre, Sandra Coronel, Bibiana Lemes, Patricia Arrighetti y Luisina Tejero del Mármol (empleados de ANSES) y los abogados Carlos Robert, Elba Huck y Amanda Ghessi. Los embargos trabados sobre los procesados van desde un millón hasta cuatro millones de pesos y no se dictó prisión preventiva en ninguno de los casos.