Mensajepor another time » Mar May 14, 2013 11:20 am
Una virtual rebelión en la Justicia
La decisión de casi toda la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo de pronunciarse, al unísono, en contra de un secretario de Estado indicaría que en la Justicia se está gestando una virtual rebelión y, sin dudas, encendió una alarma roja en la Casa Rosada.
El hecho de que cuatro de las cinco salas de esa cámara de apelaciones -es decir, el 80% del tribunal- hayan dictado siete sentencias en contra de una decisión de Guillermo Moreno es un dato mayúsculo que, más allá de cualquier connotación jurídica, parece hablar de que empieza a producirse una ruptura con el Gobierno.
El Poder Ejecutivo previsiblemente intentará decir que el fallo sólo se refiere a Comercio Interior y a las consultoras. Pero la importancia política, de primerísima magnitud, es innegable, porque el Gobierno ve surgir un límite que, hasta ahora, nunca imaginó tener.
Claro está que desde el punto de vista legal la pretensión del secretario de Comercio Interior de aplicar a las consultoras el artículo 9° de la ley de lealtad comercial no tenía sustento alguno. Ese artículo permite al Estado multar a una empresa que, mediante publicidad inexacta, induce a engaño a los consumidores, mientras que las consultoras, en cambio, buscan informarlos sobre la verdadera inflación.
En cambio, desde el punto de vista político, hay datos políticos que son muy relevantes:
La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, hasta ahora, fue el tribunal más cercano al Gobierno. Sea porque tramita demandas en las que el Estado es parte o bien porque el Gobierno supo influenciarla a través de muy hábiles operadores, en términos generales se puede decir que siempre le dio muchas satisfacciones y escasos disgustos.
Por eso, el Gobierno invariablemente procura que las causas políticamente más sensibles recalen en ese tribunal y no en la más independiente Justicia Civil y Comercial Federal. A tal punto que, en los proyectos de ley que nacen en la Casa Rosada -como la ley de medios audiovisuales y la de producción de papel para diarios-, expresamente se establece que intervendrán aquellos jueces.
Segundo dato importante: hace más de un año que los siete fallos, que se dictaron la semana pasada y se conocieron ayer, estaban listos y casi redactados por completo. Sin embargo, hace sólo diez días varios magistrados se pusieron de acuerdo para dictarlos al mismo tiempo.
¿Cuál es el mar de fondo que existe para llegar a tal extremo? Fundamentalmente tuvo peso el enorme malestar que provoca entre los jueces la reforma judicial. Los magistrados la perciben como un avance totalitario del Poder Ejecutivo sobre el Judicial y, ahora, advierten que el "van por todo" también los empieza a alcanzar.
Para calibrar la magnitud del cimbronazo producido ayer hay que analizar, asimismo, otros factores.
La presidenta Cristina Kirchner siempre imaginó que la ley del Consejo de la Magistratura, que pone en juego la estabilidad de todos los jueces, podría chocar con algún molesto magistrado electoral o federal civil y comercial. Nada que el Gobierno no haya experimentado. Pero los jueces tienen conciencia generalizada de que el nuevo Consejo los amenaza a todos por igual. Advierten que, a partir de la reforma, nadie quedará a salvo. Y, además, temen que los quieran reemplazar por jóvenes abogados de La Cámpora o por amigos del poder, como ocurre con los conjueces federales que recientemente nombró el Gobierno para Chubut y Santa Cruz.
Por otro lado, a ninguna cámara de apelación le gusta que el Poder Ejecutivo le ponga por encima a otra cámara de casación que pueda revisar sus fallos. Pero mucho menos soportan ese manoseo las cámaras de apelaciones que tienen injerencia directa en la solución de pleitos en los que el Estado es parte.
El último factor es, si se quiere, sintomático. El año pasado hubo una primera rebelión en la Cámara Federal Civil y Comercial, que denunció aprietes ante la Corte, pero el Gobierno la ligó a sectores conservadores. Luego, fue el máximo tribunal el que se hizo eco de esos aprietes. Pero ahora son los jueces más cercanos al Gobierno, hábiles olfateadores del cambio de humor social y de los vaivenes del poder, los que marcan el límite..
