Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos
Artículo publicado en El País, el día 18 de agosto de 2003.
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Algo enormemente importante, y esta vez –ya era hora- también espectacularmente positivo, está ocurriendo en Argentina.
Con alguna notable excepción, la predominante regla general en aquel país ha venido siendo la sólida, coriácea, contumaz cultura de la impunidad. Los militares y policías argentinos, incluidos los más caracterizados golpistas, torturadores y represores, han gozado históricamente de un alto grado de esa cobertura, de esa noción, de esa garantía -no escrita pero fuertemente arraigada- de que nunca tendrían que pagar las consecuencias de unos excesos siempre asumidos, soportados -‘bancados’ en lenguaje porteño- por aquella sociedad. De esta forma el golpe militar, la represión, el secuestro, la tortura y el asesinato de opositores llegaron a ser asimiladas como actividades baratas, cuando no absoluta¬mente gratuitas en materia penal. Casi todos sus autores a lo largo del siglo XX han contado con –y recibido a su debido tiempo- el oportuno instrumento protector, llámese complicidad del poder, inoperancia judicial, indulto, amnistía o ley exculpadora que les permitió –con escasas aunque muy señaladas excepciones– salir básicamente indemnes, o con castigos mínimos en relación a la gravedad de los delitos perpetrados.
Tras el juicio y sentencia a las tres primeras Juntas en 1985, sobrevino la poderosa reacción corporativa del Ejército, y la arrasadora impunidad volvió a imponerse una vez más. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debi¬da (1986 y 1987), dictadas bajo la intensa y agresiva presión militar (recuérdese, entre otras, la insurrección de Semana Santa de 1987), impidieron juzgar ni siquiera a una parte de los más de 1.100 represores señalados por el informe de la Conadep. Una vez aplicadas ambas leyes de impunidad, los imputados judicialmente quedaron reducidos a la raquítica cifra de 38 generales, almirantes y brigadieres. Para colmo, el posterior indulto del presidente Carlos Menem (1989) dejó también en libertad a aquellos últimos procesados. Finalmente, su segundo indulto (1990) liberó incluso a los seis altos jefes que cumplían las sentencias -ya firmes- dictadas en 1985. Una frase del presidente Menem trató de justificar aquel escandaloso retroceso de la justicia: “En la Argentina difícilmente se puede gobernar sin los militares, pero nunca contra los militares.” Aquel eufemístico pretexto ocultaba la triste realidad: el restablecimiento del Ejército como entidad prácticamente intocable, y el arrinconamiento de la justicia frente a la prepotencia recuperada de la vieja cultura de la impunidad.
Hoy, en este agosto de 2003, después de muchas y amargas vicisitudes, la perspectiva es otra. Corren nuevos vientos de esperanza para la Argentina. El nuevo presidente, Néstor Kirchner, en sus escasas semanas de actuación ha dejado ya muy claras –entre otras– dos actitudes fundamentales, tremendamente necesarias y de incalculable valor para aquel país. Primera, su decisión de poner fin a la cultura de la impunidad. Y segunda, su falta de complejos frente al estamento militar. Estos dos puntos, en la República Argentina, son oro puro. Más necesarios que el aire que respira aquella sociedad, diagnosticada por los más serios estudiosos nacionales y extranjeros como -al menos desde 1930- enferma de golpismo, intervencionismo militar, autoritarismo, corrupción e impunidad. Impunidad incluso para el derrocamiento de presidentes tan intachables como Hipólito Irigoyen (1930) y Arturo Illia (1966). Filosofía, mentalidad, costumbre, ambiente envolvente de impunidad, de actuaciones impunes al margen de la ley. Tradición arraigada en el sentido de que el actuar personal e institucionalmente al margen de la ley compensa, resulta rentable, resulta beneficioso, incluso cuando implica miles de ciudadanos secuestrados, torturados y asesinados. Y no digamos cuando implica sacar del país miles de millones de dólares, también al margen de la ley, de la moral y de las exigencias más vitales de la economía nacional.
En estas últimas semanas, una serie de pronunciamientos rotundos han saltado de la boca del presidente Kirchner a las páginas de la prensa mundial. “Entre nuestros objetivos fundamentales está el tema de la justicia, de la memoria, el vencer a la cultura de la impunidad”, ha dicho. Sin eufemismos, ha proclamado que este ambiente de impunidad constituye “una vergüenza nacional”. Y ha precisado:“Durante años existió una parálisis nacional, producto de la cultura de la impunidad”, refiriéndose no sólo a los crímenes de la dictadura sino también a otros sangrientos episodios posteriores, como los atentados contra la embajada israelí en Buenos Aires (29 muertos en 1992) y contra la sede de la asociación judía AMIA (85 víctimas mortales en 1994), ambos prácticamente impunes en la actualidad.
Por fortuna, los hechos de Kirchner acompañan a sus palabras: no sólo se manifiesta convencido de la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, a la vez que recuerda que siempre se opuso a los indultos, sino que, de hecho, poco después de recibirse la nueva reclamación de 46 represores por el juez Garzón, deroga el decreto antiextradición del ex presidente De la Rúa (2001), abriendo la puerta a la entrega de los reclamados internacionalmente por delitos de lesa humanidad. Pero al mismo tiempo proclama: “Habría que juzgarlos a todos en la Argentina.” En otras palabras, su mensaje al Congreso, al Senado y a la Corte Suprema no puede ser más claro y rotundo, y sólo admite esta traducción: “Anulemos de una vez por todas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Eso nos permitirá juzgar aquí a nuestros propios criminales, y nos librará de la vergüenza de presenciar un penoso desfile de aviones con delincuentes argentinos extraditados en dirección a España, Francia, Italia, Alemania, Israel y Suecia, países, todos ellos, que los reclaman. Y si los reclaman es, precisamente, porque nosotros no fuimos capaces de juzgarlos aquí. Juzguémoslos en nuestros propios tribunales y demostremos al mundo, de una vez y para siempre, que en Argentina reina la justicia, el derecho y la primacía de la sociedad civil.”
Recordemos las críticas dedicadas al juez Baltasar Garzón cuando, en 1996, decidió admitir las primeras denuncias presentadas en la Audiencia Nacional contra determinados crímenes de la dictadura militar argentina, y, poco después, de la chilena: “Brindis al sol”, “pose puramente estética”, “concesión efectista para la fachada”, “puro gesto de nula efectividad”. “¿Qué sentido tiene juzgar en España unos hechos producidos hace veinte años a miles de kilómetros de distancia, en unos países que tienen su propio sistema de justicia?”, preguntaban los detractores de aquella osada -pionera, pero rigurosa y legítima- línea judicial. Dos años después llegaba la respuesta en lo referente a Chile (arresto y juicio en Londres a Pinochet). Y ahora, siete años después, llega la respuesta correspondiente a la Argentina.
La validez de esta acción judicial ha sido doblemente ratificada en ambos países. En España, por la reciente resolución de la Audiencia Nacional, que ha ratificado nuevamente la competencia de la justicia española sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por aquella dictadura militar, tal como ya dictaminó el 4 de noviembre de 1998. Y en la Argentina, la decisión del juez español se ha visto refrendada por otras dos actuaciones sucesivas: la derogación presidencial del ya citado decreto (en evidente gesto de apoyo a la reclamación española), y la inmediata actuación del juez argentino, el magistrado Rodolfo Canicoba, quien, tan pronto como desapareció la barrera paralizante, procedió a ordenar el arresto de los ex represores reclamados por el juez Garzón. Actuación de ambos magistrados, español y argentino, cuyo fruto conjunto constituye otro importante “grano de arena” en ese camino de la justicia universal, que empuja eficazmente en la dirección que realmente se pretende en esta ocasión: el juicio efectivo de los criminales, aquí o allí, y preferiblemente en su propio país.
Lo ideal sería que ninguno de los represores reclamados llegase a ser entregado a España, precisamente porque fueran juzgados en Argentina. También en ese caso la acción judicial española hubiera sido ejemplarmente positiva, al impulsar y favorecer -e incluso forzar de alguna manera- los avances de la justicia en un país tan entrañable para nosotros, y tan duramente castigado por la larga lacra de la impunidad
J
sé
