Mensajepor Jotabe » Sab Dic 03, 2011 4:12 pm
"Subsidios al consumidor final y Tarifa social
En lo que respecta la existencia de una tarifa social para el consumidor, no existe un patrón único y nacional.
Las experiencias provinciales varían en los requisitos para ser beneficiario de la misma, su forma de aplicación, en su financiamiento y en los resultados que tienen.
Actualmente, 18 provincias cuentan con sistemas de tarifa social para el consumo de electricidad, financiadas por las distribuidoras, los gobiernos provinciales o por el FCT.
En muchos casos, los beneficios incluyen reducciones o incluso exenciones en los cargos fijos (CF) mientras que en otros, los subsidios son en función del consumo registrado (CV).
La Tabla nº5 pone en evidencia la multiplicidad de sistemas que existen en las provincias argentinas, dejando en claro que el régimen federal crea un incentivo para la falta de coordinación a nivel nacional y para dificultar la aplicación de una tarifa uniforme en todo el territorio nacional."
op. citada pag. 28 > sigue un cuadro con detalles de los subsidios provincia por provincia
"El panorama actual muestra que se están canalizando recursos para lograr un mayor acceso a la red eléctrica y reducir el peso de estos servicios en los gastos de los hogares pero existen aún diferencias significativas inter-provinciales.
De las 23 provincias existentes, más la Ciudad de Buenos Aires, 18 tienen algún tipo de subsidio.
Sin embargo, aún en estas 18 las categorías de los beneficiarios varían altamente y quedan supeditadas a la decisión del gobierno provincial o de la distribuidora del lugar.
La propuesta de tarifa social debería, entonces, tomar la forma de una iniciativa nacional que tenga en cuenta las diferencias entre las provincias, sus índices de pobreza y los consumos promedio por categoría tarifaria.
En función de los datos de la encuesta de hogar llevada a cabo por la consultora OPSM, pedidos por el Banco Mundial, a priori, este límite debería ser ubicarse entre 150 kwh/mes y 300kwh/mes.
En efecto, en 2002, el 59% de los hogares reportan un consumo por debajo de ese límite.
Si consideramos que en 2003 los niveles de indigencia alcanzan al 26,3% de la población y los niveles de pobreza son del orden de 54,7%, ese límite permitiría, para ese momento, alcanzar a la población que lo necesita.
De ese modo, se evitarían errores de inclusión en el subsidio, que generan flujos de transferencia hacia hogares que pueden afrontar el pago del servicio."
op. citada pag. 32
