Mensajepor gonbo10 » Dom May 05, 2013 6:06 pm
Nota de IECO
Tierra del Fuego: cara y ceca de la industria electrónica nacional
De 2009 a la fecha, se triplicó la producción y el empleo. Pero los beneficios al régimen ya superan los $13.000 millones anuales.
Tierra del Fuego es la isla de las paradojas. Al notable crecimiento de su economía y la generación de empleo se contrapone la también creciente salida de dólares y el costo fiscal, cuya responsabilidad recae sobre todo en la industria electrónica, la principal actividad de una provincia beneficiada por el mayor y más antiguo régimen promocional del país. Sus impulsores destacan el fuerte crecimiento en la producción de LCD, celulares, microondas, laptops y aires acondicionados, entre otras cosas, lo que permitió triplicar la cantidad de empleados directos. Sus críticos, en cambio, resaltan la pérdida de divisas (por la importación de insumos) y los impuestos que el Estado deja de cobrar en concepto de incentivos, que este año representarán $13.300 millones.
La industria electrónica fueguina –integrada por un universo de 25 fabricantes– despegó particularmente a partir de 2009. Aquel año, el Gobierno fomentó la producción local, primero elevando aranceles a la importación de electrónicos y posteriormente restringiendo su ingreso. El alza de la demanda hizo el resto. Una estadística de la AFARTE (Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas) indica que de 2009 a 2012 se triplicó la producción en las principales categorías: los LCD pasaron de 1,2 millones de unidades a casi 3 millones; los acondicionadores de aire, de 570.000 a 1,5 millones; los microondas, de 232.000 a 664.000; y los celulares, de 398.000 a casi 14 millones.
El empleo directo, a su vez, se incrementó en esa misma proporción: la industria pasó de emplear 3.513 personas a 10.965 en sólo tres años, generando un efecto derrame en toda la economía de la isla. Son todos méritos de una política que tiende a la sustitución de importaciones, aunque bajo el prisma de los beneficios fiscales que se otorgan y el escaso valor agregado de su producción obliga a replantear algunas conclusiones.
El costo para el fisco, según figura en el Presupuesto, trepa en forma exponencial. En 2011 fueron $8.701 millones y en 2012, $10.895 millones. Esas cifras se corresponden con los tributos que el Estado cobraría si se importaran directamente en vez de ensamblarlos en el país: IVA, Ganancias y derechos de importación. Para 2013, se proyectan $5.967 millones por IVA, $1.203 millones por Ganancias y $2.524 millones por gravámenes a los componentes importados.
A esto habría que sumarle la pérdida de dólares que implica la compra de componentes para producir, lo que agrava la situación. En este sentido, a fines de abril, el Ministerio de Industria emitió una resolución exigiendo que las armadurías fabriquen en el país los controles remotos de los equipos de audio y equipos de aire acondicionado. El volumen estimado es de 1 millón de unidades de un dispositivo, considerado un accesorio menor.
“El régimen de Tierra del Fuego tiene esas características desde su creación y promover la industria electrónica es muy difícil”, resume el economista Dante Sica, de la consultora abeceb, lo que plantea una disyuntiva, ya que “si se lo desmantela, eso impactaría directamente en el nivel de empleo”.
Sica advierte que, además, los grados de integración –es decir, la incorporación de componentes y materiales de origen local– son muy bajos. “Hay toda una discusión acerca de si sirve el régimen. Tengo la sensación de que las empresas fueguinas son ensambladoras, por lo que el desafío es aumentar el nivel de integración”. Para el gobierno provincial, el régimen es clave: en 2012, según datos oficiales, la industria promovida le permitió recaudar $391 millones, el 34% del total de sus ingresos, en concepto de tasa de verificación.
Tal como ocurre en otros rubros, como el automotriz, la dependencia de insumos importados en la electrónica es muy alta. Muchos sostienen que supera el 80% del total, pero los industriales locales sostienen que esa cifra es exagerada. “Depende del producto”, replica Alejandro Mayoral, de la AFARTE.
Más allá de estos números, las empresas fueguinas están en tratativas con potenciales proveedores de componentes, “una tarea que llevará tiempo”. Además y por exigencia del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, con fondos propios constituyeron un fideicomiso para financiar exportaciones de cualquier tipo para compensar la pérdida de dólares que implica su actividad (ver página 9).
El régimen promocional fueguino (ley 19.640) fue creado en 1972, por el gobierno militar de Alejandro Lanusse, con el objetivo geopolítico de poblar la isla. Su existencia, en este sentido, fue un éxito: en aquel año, la isla contaba con sólo 7.000 habitantes, en su mayoría extranjeros. Hoy, la población de Tierra del Fuego asciende a 141.303, distribuidos en Río Grande (73.699) y Ushuaia (67.604).
A lo largo de su historia, el régimen sufrió diversas modificaciones, en especial, su vigencia. Originalmente, estaba previsto para 10 años, lo que por diversos motivos se extendió. Fue durante la presidencia de Eduardo Duhalde que se reabrió en 2002, con el fin de reactivar la economía. Y en 2009, el actual gobierno flexibilizó incluso las condiciones para permitir la radicación de nuevas empresas.
El otro aspecto controvertido tiene que ver con los precios de los productos locales, mucho más caros que si se importaran directamente. Al respecto, Sica sostiene que eso tiene que ver, sobre todo, con la inflación, los costos de mano de obra y el valor ascendente de los fletes. El desafío, así, cobra cada vez mayor dimensión.