Mensajepor quique43 » Jue Ago 09, 2012 2:34 pm
Subtes, y transporte pùblico, y la pèsimas polìticas del gobierno nacional. Terrible manera de malgastar el dinero pùblico, y destrozar los servicios:
El ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y otros funcionarios están imputados por irregularidades en la concesión encargada de controlar el funcionamiento del sistema. La Justicia también investiga si adjudicaron el trabajo a un consorcio de empresas que había pedido un canon mayor a otras que también presentaron ofertas. Poco después de poner pie en su nueva actividad, Randazzo anuló ese contrato y admitió las irregularidades. Parte del mismo operativo fue la decisión presidencial de sacarle el área de Transporte al Ministerio Planificación. En el mejor de los casos, un cuestionamiento redondo al papel desempeñado por Julio De Vido. Por los motivos que hubieran sido, Schiavi llegó a comprometerese ante Cristina Kirchner a poner en marcha el SUBE en un plazo que, visto el desenlace, era imposible de cumplir bajo su mando. ¿O lo hizo por alguna razón diferente a la de contentar a la Presidenta?. Entretanto, la plata siguió corriendo en cantidad. Desde el 1° de enero y hasta el 6 de agosto, según datos del Ministerio de Economía, el boleto electrónico lleva consumidos $ 128 millones, el 99 % de la partida contemplada para todo el ejercicio. Resultado a la vista: será necesario poner bastante más. En 2011, por la misma canilla fluyeron $ 140 millones. Así, en dos años el Estado habrá gastado arriba de 270 millones de pesos, en un sistema que va de cambio en cambio y, encima, sembrado por sospechas de corrupción. Al mismo 6 de agosto, la suma de subsidios para colectivos, trenes y subtes arroja $ 10.200 millones. Y aun cuando hay datos escondidos en otras cuentas públicas, también aquí será necesario poner más: tal cual pasa con el SUBE, ese monto representa el 99 % del presupuesto anual. Sólo entre 2011 y lo que va de 2012, el costo de las subvenciones al transporte público de pasajeros ascendió a $ 26.600 millones. Representa una montaña de dinero, la mayor parte, se supone, usada en beneficio de los usuarios de la Capital Federal y el conurbano. Se supone, pues desde una reforma muy reciente, el sitio “Consulta para el Ciudadano sobre Presupuesto Nacional”, dejó de identificar el destino geográfico de los gastos del Estado. Era un información clave, que permitía conocer cuáles provincias salían mejor paradas que otras en el reparto de los fondos públicos o detectar ciertos privilegios otorgados desde el poder central. Para el caso, un ejemplo contundente ha sido la distribución de las enormes partidas de Vialidad Nacional. Proporcionalmente, en relación a la cantidad de habitantes y a las condiciones sociales, Santa Cruz siempre obtenía más plata que el resto. Cualquier interpretación suspicaz vale, tratándose de información así de importante. Con el antecedente de la pelea por el traspaso de los subtes a la Ciudad Autónoma, no sería extraño que a corto plazo sobrevengan episodios semejantes para trenes y colectivos. Bajo ese supuesto, el cortocircuito podría ampliarse e incluir a Daniel Scioli , además de Mauricio Macri. Entre 2005 y 2011, cuando el sistema comenzó a ser más intenso, sostener los subsidios al transporte de pasajeros salió $ 62.300 millones. De esa manera, la factura inicial se multiplicó por veinticinco y acabó por volverse insostenible, tal cual ocurre con la que banca las tarifas a la electricidad, el gas y las importaciones energéticas. Salta evidente, entonces, la intención del gobierno nacional de sacarse de encima un gasto semejante, aunque más no sea parcialmente, traslandándole a otros el costo político de subir los boletos del transporte. Nuevamente, de apuro y corrido por la urgencia fiscal, federalismo al estilo de la Casa Rosada.