Mensajepor quique43 » Mié Ago 30, 2023 9:57 am
Un monumental intento de sobornar a la sociedad
Massa decidió ser generoso metiendo la mano en bolsillos ajenos, en busca de que quienes no votaron por el Gobierno en las PASO lo hagan ahora, porque el candidato les dio unos pesos en medio del vendaval inflacionario
29 de agosto de 2023
Joaquín Morales Solá
LA NACION
Un alto funcionario le preguntó a un importante dirigente empresario si la economía llegaría en las actuales condiciones al 10 de diciembre, día en que Alberto Fernández le entregará el gobierno a otro presidente (u a otra presidenta). El empresario, quien ya le había recitado todos los padecimientos que lo surcan, lo miró fijamente y le respondió, seco: “No, así no llegamos ni al 22 de octubre”. La realidad es más compleja, profunda y vasta que la fotografía de los últimos días. En rigor, el bono por única vez de 60.000 pesos, dividido en dos cuotas, cayó sobre una realidad empresaria más complicada que lo que aparece a primera vista. Nadie del Gobierno negoció con los dueños de las empresas el congelamiento parcial de precios, y nadie tampoco habló con ellos por el virtual cerrojo a las importaciones de insumos, imprescindibles para la industria argentina. Las autorizaciones de esos insumos se producen muy de vez en cuando y para que se concreten en plazos de 180 o 200 días. Un concesionario de autos contó que, luego de que la empresa productora lo notificara de que solo le repondría parte del stock vendido, decidió que solo entregaría los vehículos necesarios para mantener el negocio funcionando. Nada más. No es un caso aislado; la inflación comienza a mezclarse con el desabastecimiento.
El problema con las importaciones de insumos cobra un tamaño difícil de advertir para el ojo común. Pero lo cierto es que hasta junio la deuda comercial (la deuda de los industriales locales con los proveedores de insumos) se acercaba a los 20.000 millones de dólares. El Banco Central argumenta que no tiene dólares para venderles a los hombres de negocios. Muchos proveedores extranjeros notificaron a industriales argentinos que no habrá más entrega de mercadería a clientes locales. Algunas empresas internacionales que tomaron esa decisión son, al mismo tiempo, la casas matrices de las sucursales argentinas que entraron en la lista negra de las ventas. En rigor, los comercios no pueden vender porque no saben a qué precio deberán reponer luego la mercadería, y los industriales no pueden producir porque tampoco saben si contarán luego con los insumos para continuar con la fabricación. El país está entrando, así, a una severa retracción de la actividad económica, porque antes que todos aquellos problemas está la pérdida de noción de los precios relativos como un efecto nocivo de la imparable inflación.
LA CASTA ESPERA A MILEI CON LOS BRAZOS ABIERTOS
En ese contexto, el ministro de Economía, Sergio Massa, que es también candidato a presidente, decidió ser generoso metiendo la mano en bolsillos ajenos. Estipuló un bono a cuenta y orden de los dueños privados. A algunos empresarios, el ministro-candidato les prometió que los ayudaría a pagar esa suma fija (a los que tienen menos de 100 empleados), pero nunca les aclaró cuándo le devolvería el dinero, o si será dinero contante y sonante o si se tratará de descuentos en la carga impositiva. Un funcionario con despacho en la Casa de Gobierno le preguntó en las últimas horas a otro empresario si creía que se estaban haciendo bien las cosas. Respuesta: “¿Crees que se puede hacer algo bien cuando el diálogo no existe y nos enteramos por los diarios de las noticias que hacen a nuestro propio flujo de caja?”. El funcionario bajó la vista y no replicó.
Nadie entiende a Sergio Massa. Hace poco aumentó impuestos para obtener una recaudación mayor del 0,8 por ciento del PBI, que es lo que le pedía el Fondo Monetario. Sin embargo, con las decisiones del lunes aumentó los gastos del Estado, que también deberá pagar el bono, en 0,5 por ciento del PBI. Inexplicable. Es cierto que los salarios de los trabajadores fueron destruidos por la devaluación chapucera de Massa tras perder las elecciones primarias, pero es igualmente verdadero que la proliferación de más pesos en la calle solo preanuncia mayores índices inflacionarios. Es la teoría económica correcta, que Alberto Fernández sostenía cuando militaba en la oposición a Cristina Kirchner. ¿Seguirá sosteniendo que la emisión no influye en la inflación, como se le ocurrió después de que se sentó en la poltrona presidencial, o habrá regresado a sus viejas convicciones? En síntesis, el error que cometió Massa cuando decidió aquella devaluación chambona lo están pagando los empresarios y los trabajadores, que ni siquiera sabían con antelación de una nueva depreciación del peso. La otra novedad consistió en que la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, instó a los trabajadores a delatar a los empresarios, a través de un número de teléfono que guardará el anonimato de la fuente, que no hayan cumplido con el pago del bono. Solo en la Cuba de los Castro, en la Venezuela de Maduro o en la Nicaragua de Ortega se recurre con tanta regodeo a la delación de los ciudadanos ante los esbirros del Estado.
Los empresarios señalan con razón que está vigente un sistema de paritarias en la Argentina, en las que sindicatos y organizaciones patronales acuerdan los aumentos salariales. ¿Por qué el Estado debe meterse con sus antojos en medio de esas relaciones? El problema de fondo es que Massa sabe la dimensión de la precaria situación social y laboral y, como candidato, toma decisiones propias de un ministro de Economía. La justicia electoral debería limitar los actos de Massa a lo estrictamente transitorio hasta la realización de las elecciones, porque él está siempre predispuesto a confundir el Estado con sus ventajas personales. De hecho, los propios intendentes peronistas del conurbano (debe suceder lo mismo con todos los intendentes del país) están molestos porque las decisiones del ministro de Economía los sorprendieron sin fondos para pagar el bono de la fugaz felicidad massista. El gobierno de Alberto Fernández hizo algo parecido en las elecciones legislativas de 2021, cuando después de la derrota oficialista en las PASO, y antes de las elecciones generales de octubre, aumentó en más del 80 por ciento el gasto público, congeló las tarifas de luz y gas y les mandó más recursos a las empresas estatales. No logró nada entonces, aunque debe reconocerse que hace dos años se usaron solo recursos del Estado. Nadie metió entonces las manos compulsivamente en el bolsillo de nadie; solo cabe recordar que los recursos del Estado son propiedad de los argentinos, colocados de manera transitoria bajo la administración de un gobierno también perecedero. De todos modos, en 2021 el gobierno de Alberto Fernández perdió ante Juntos por el Cambio en las elecciones de octubre por casi 9 puntos porcentuales. Gastó dinero inútilmente. Es muy difícil que alguien que no votó por el Gobierno lo haga después porque el candidato oficialista le dio unos pesos en medio del vendaval inflacionario. Estaríamos ante un monumental soborno social y político.
De todos modos, se trata de una competencia electoral desigual, porque ni Javier Milei ni Patricia Bullrich ni ningún otro candidato presidencial puede repartir dinero con la facilidad con que lo hace Massa. El kirchnerismo es el primero en mostrar la debilidad de una administración aparentemente condenada al fracaso electoral. Además de repartir el dinero de los otros, Alberto Fernández está tratando de que el Senado le apruebe la designación de jueces que no cuentan con la aprobación del Consejo de la Magistratura, según reveló en LA NACION el periodista Hernán Cappiello. Esa una decisión claramente ilegal, porque la designación de jueces debe pasar antes por la aprobación del Consejo desde la reforma de la Constitución de 1994. Ya existía antes una lista de 73 abogados propuestos para jueces, la mayoría de los cuales creció bajo la sombra del kirchnerismo. Esos aspirantes a jueces están escondidos detrás de la figura de la jueza Ana María Figueroa, que cumplió los 75 años el 9 de agosto. Figueroa, magistrada de la Cámara de Casación Penal, está todavía en el cargo, a pesar de que existe una jurisprudencia de la Corte Suprema que le ordena a los jueces que a esa edad deben irse a su casa si no cuentan, el día de su cumpleaños, con el acuerdo del Senado por cinco años más. Figueroa no tiene el acuerdo del Senado y probablemente no lo tendrá nunca. El país llegó al absurdo de que la oposición en el Senado debe evitar que el cuerpo se reúna para evadir la treta de Cristina Kirchner, que podría provechar cualquier reunión de la cámara para hacer aprobar, con amigos y aliados, una nueva camada de jueces amigos. “El Senado se reunirá solo si se tratara de una reunión extraordinaria para aprobar un solo expediente. Solo en esas circunstancias”, adelantó un líder parlamentario de Juntos por el Cambio.
