Mensajepor quique43 » Mié Ago 13, 2014 2:51 pm
El proyecto de la ley de abastecimiento que promueve la KK, es una basura, parece que se copìaron de Cuba, o Venezuela, resulta que yo pongo el capital, el riesgo, el trabajo, el know how (o conocimiento y experiencia), y va a venir un salame militonto, a decirme a cuanto debo vender, que debo ganar o cuanto debe ser el precio, y me van a poder pedir, hasta el "rollo del papel higiènico", etc., etc. Incluso incautar y vender bienes sin juicio previo.
Tontitos, no se dan cuenta que asi no es la cosa, vean los paìses vecinos como lo hacen, vean los màs desarrollados tambièn, estàn llevando al Titanic a chocar el tèmpano, van derechito, que tienen en el mate asserìn, o un ideoligìsmo, tarado?. Asì el que desea invertir les va a decir MInga, se raja, se dispara, huye despavorido, con gente totalmente equivocada.
Consecuencia lamentable en los pròximos meses, cierre de comercios, industrias, etc., falta de inversiòn, inflaciòn, fuga a otras monedas, o a los lugares donde la gente pueda defender sus ahorros, desocupaciòn, incluso a comprar Bolivianos, o Guaranìes, parece un chiste, pero es la triste realidad, la KK, no nos deja confiar en nuestra propia moneda.
El fin de año como viene la mano, serà triste, ojo con el robo a comercios etc., la cosa la hacen cada dìa màs dìfìcil.
La Naciòn:
Concretamente, los empresarios alertaron sobre algunos puntos del proyecto que impulsa el Gobierno y que aún no tiene giro de comisión en el Senado. El que genera más preocupación es la posibilidad de que la Secretaría de Comercio, "en caso de ser estrictamente necesario", pueda "establecer para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios" y "volúmenes de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios". En otro artículo se establece además que la Secretaría que encabeza Augusto Costa podrá "requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico" y la autoriza "disponer la cancelación de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales" y "a incautar, consignar e incluso vender bienes y servicios escasos o en infracción, sin juicio de expropiación previo".
También critican que en el nuevo proyecto se autorice a los gobernadores y al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para "fijar en sus jurisdicciones precios máximos".
En el caso de las penas para las empresas, si bien se elimina la posibilidad de ir a la cárcel, se elevan las multas hasta llegar a los $ 10 millones y se autoriza para clausurar un comercio o una empresa por un plazo de 90 días. Otro punto que preocupa a los empresarios es que en el artículo 6° se dispone que "en caso de segunda reincidencia podrá llegarse a la clausura definitiva del establecimiento".