De esta forma, los aumentos del último trimestre quedan escalonados: en la semana del 23 de octubre se concretaría el alza en los precios de los combustibles al público y a partir del 1 de noviembre se daría vía libre a los incrementos ya previstos para Edenor y Edesur, no habiéndose determinado todavía si habrá también una variación en el precio mayorista de la energía que alcanza a todo el país. Finalmente, en diciembre vendrán los aumentos en las tarifas de gas.
Este escalonamiento se debe en parte a las elecciones del 22 de octubre por las cuales las petroleras postergaron hasta ahora el incremento en las naftas que estaba pautado para el 1 de octubre. Por la misma razón, el Gobierno pospuso la fecha para pasar al próximo escalón en el precio del gas que también debía hacerse en octubre. En cambio, los ajustes en los márgenes que reciben transportistas y distribuidoras de electricidad y gas ya están pautados, e incluso está determinado también que en febrero y abril de 2018 respectivamente habrá nuevos aumentos para mejorar los márgenes de esas prestadoras.
Por otra parte, el reparto de las subas entre octubre y diciembre atenuará el impacto en los índices de inflación, en momentos en que crece la preocupación en una parte del Gobierno por el comportamiento de los precios en los últimos meses del año.
La convocatoria a la audiencia pública del gas deberá publicarse en la semana posterior a las elecciones porque el reglamento para ese tipo de eventos prevé que el llamado debe realizarse por lo menos 20 días corridos antes de la fecha que en este caso será a mediados de noviembre.
En la audiencia, el Ministerio a cargo de Juan José Aranguren o más precisamente la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, volverá a fundamentar las razones para el aumento del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. Aunque ya se fijaron los precios hasta octubre de 2019, según lo que el Gobierno considera un sendero escalonado de reducción de subsidios, cada seis meses tienen que cotejar que el valor pautado coincida con las condiciones del mercado internacional (esto es porque el precio sin subsidios incluye los valores de importación del GNL para regasificar y del gas de Bolivia).
Según el cronograma original, el precio del gas, que tiene una incidencia del 60% en la factura sin impuestos, pasará desde u$s3,77 fijados en abril pasado, a u$s4,19, lo que significa un alza del 11,1% en dólares. Además, el Ministerio de Energía deberá estimar el valor del dólar para el período diciembre-marzo, para que se determine el precio en pesos a trasladar a las tarifas de los usuarios. En los valores actualmente en vigencia, se previó un tipo de cambio promedio para el período abril-octubre de $17,02.
Por otra parte, resta saber si el Gobierno buscará una compensación por no haber modificado el precio el gas para octubre y noviembre, de modo de cumplir con la meta de reducción de subsidios y de gasto de la administración pública. Si no hay compensación, y estimando un dólar de $17,5, el precio del gas tendrá un alza del 14% aproximadamente.
En tanto, para los márgenes de transporte y distribución, que representan el otro 40% de la factura sin impuestos, se aplicará la segunda fase del incremento. La primera fue en abril y significó el 30% del total autorizado, lo que se tradujo en un aumento del 20% en las tarifas residenciales. La segunda, en diciembre, equivaldrá al 40% sobre lo pautado y tendrá una incidencia de alrededor del 25% para el público.
De esta forma, el aumento en las tarifas de gas que regirá desde diciembre sería del 39% sobre la factura antes de impuestos, y rondará el 44% si se considera que también debe aplicarse un ajuste por la evolución de precios mayoristas (IPIM, nivel general) entre abril y noviembre sobre los márgenes de transportistas y distribuidoras.
