Mensajepor Galaico » Sab Mar 24, 2012 2:54 pm
Juicio y Castigo
A partir de la caída de las leyes de impunidad, hace poco más de ocho años, la Argentina comienza una de las investigaciones más importantes sobre el terrorismo de Estado. Sobre todo teniendo en cuenta que en otros países de América, que también padecieron tragedias similares, pocos dieron apertura a investigaciones ilimitadas contra los genocidas de la dictadura.
Poco a poco comenzó a instalarse la idea de la memoria, la necesidad de investigar la verdad de lo sucedido, y castigar los crímenes. Así, la conciencia social se transformó genuinamente, hasta llegar a las instituciones, lo que generó que tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial expresaran su voluntad de acabar con la impunidad reinante hasta el momento.
Situación procesal de los acusados en causas de lesa humanidad. Marzo 2012.
Los primeros pasos de la democracia, con Ricardo Alfonsín en la presidencia, comenzaron con el informe de la Conadep, el juicio a las juntas militares y los juicios por la verdad. Luego hubo un gran retroceso por las leyes de amnistía y los indultos. Pero a partir de 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, la Corte Suprema de la Nación dictó tres sentencias trascendentes. La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la inconstitucionalidad de las de Obediencia Debida y de Punto Final y el indulto presidencial. A partir de estas sentencias, comenzaron a abrirse investigaciones en todo el país donde hubo centros clandestinos de detención.
Actualmente, un total de 1.861 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado. Hasta el momento, se llevan efectivizados 64 juicios orales con sentencia en todo el país, en los cuales estuvieron procesados 298 imputados. Hubo 244 condenas, 20 absoluciones y un muerto impune mientras el proceso transcurría. Mientras, las víctimas que esperaban ser ajusticiadas eran 1337.
Desde el inicio del primer juicio por delitos de lesa humanidad en 2006, se dictaron 64 sentencias. No obstante, resulta preocupante que de esas 64 sentencias únicamente 7 llegaron a una instancia final, al ser confirmadas por la Corte Suprema.
El Estado como la sociedad, no pone en tela de juicio las ideologías o posiciones políticas, sino desapariciones, torturas, violaciones, apropiaciones de bebés y otros crímenes de lesa humanidad que fueron llevados a cabo en los centros clandestinos de detención.
Es importante destacar que el tiempo transcurrido entre el dictado de la sentencia y su confirmación es de 2 años y tres meses en promedio. Esto significa que sólo 9 de los 244 condenados en la actualidad tiene firme su sentencia.
Para hacer una balance rápido sobre los casos pendientes, es interesante comparar los datos de condenas con los de represores muertos antes que la justicia llegue a condenarlos, son 288 genocidas muertos impunes contra 274 condenados.
Los últimos ocho genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son: Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad hasta el gobierno de De la Rúa.
Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena.
El caso más reflejado en los medios de comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos pendientes.
En diciembre pasado, el ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación de San Isidro.
En febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Así otros tantos casos donde la muerte, una vez más, estuvo al servicio de la impunidad.
En cuanto al resto de las fuerzas represivas, se condenó 21 integrantes de las patotas de la Armada y un civil, Juan Herzberg en la Causa Alonso de La Plata, por el caso de apropiación de Natalia Suarez Nelson-Corvalán, a Justo Ortiz y Roberto Pertusio en la causa de Base Naval de Mar del Plata y a 17 de los 18 represores imputados en Causa ESMA. Fueron cuatro los integrantes de la Fuerza Aérea condenados a la fecha (Pedro Barda, Cesar Comes, Hipólito Mariani y Gregorio Molina) en las causas Mansión Seré y Área Mar del Plata. Y hubo sólo 1 integrante de Gendarmería condenado, Víctor Enrique Rei, en el caso de la apropiación de Alejandro Adrián Fontana-Sandoval.
En total, el 45 % de los represores fueron condenados al máximo de la pena (prisión o reclusión perpetua). Lo que significa que, el 17 % de los condenados recibió 25 años de prisión, y el restante 38 % menos de 25 años.
Además, hubo 20 polémicas absoluciones, como el caso del genocida Alejandro Duret en la causa por el secuestro y desaparición de Carlos Labolita, absuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; el del represor Miguel Angel Trimarchi, perdonado en el juicio por la Masacre de Fátima por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal; el caso del torturador de la Policía Federal Juan Carlos Falcón, eximido en el juicio parcial del Circuito Club Atlético-El Banco-El Olimpo por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Capital Federal; el reguero de perdones que despachó el TOF Nº 1 de Córdoba sobre 7 imputados de un total de 31, en el proceso por los hechos de la Unidad Penal Nº 1 de esa provincia y el escandaloso perdón en los 13 casos en que se acusaba al torturador Juan Carlos Rolón en el juicio parcial por hechos ocurridos en la ESMA. De hecho, entre los 17 juicios realizados en 2011, hubo absoluciones de 7 genocidas en 6 de ellos. Estos casos alertan sobre la necesidad de acelerar las investigaciones incriminatorias y no dar lugar a dudas absolutorias.
Porque los juicios realizados y por realizar, forman parte del contrato social por el que tanto lucharon los argentinos para poner fin a la impunidad, que no solo radica en el castigo de los responsables, sino también en su legado porque sin memoria y justicia no hay futuro.
