Subtes, mala fe e ingenuidad
TRAS diez días de salvaje huelga que tuvo a 900.000 usuarios como rehenes y provocó un caos en el tránsito de la ciudad de Buenos Aires, los metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro aceptaron una propuesta de la empresa Metrovías y volvieron a su trabajo.
El conflicto, de índole mucho más política que laboral, puso de manifiesto la severidad de una crisis del transporte subterráneo, agravada por la animadversión y el encono del gobierno nacional hacia las autoridades porteñas.
Pocas dudas quedan al cabo del prolongado paro que la medida de fuerza promovida por los metrodelegados, más que un reclamo salarial y de mejoras en las condiciones laborales, reconoce otra finalidad: quedarse con el gerenciamiento de los subtes.
No hay dudas tampoco de que el gobierno nacional ha tratado de sacar partido del conflicto buscando dejar mal parado políticamente a Mauricio Macri. La utilización de los espacios de publicidad del programa Fútbol para Todos para la difusión de largos spots que denuestan al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es un indicador de aquella actitud, al igual que los nexos de algunos de los principales sindicalistas con el kirchnerismo.
De manera parecida a la que actuó recientemente con el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, las decisiones políticas del gobierno nacional parecen dirigidas a asfixiar política y económicamente a las autoridades porteñas.
Si puede decirse a estas alturas que la presidenta de la Nación no viene actuando con buena fe, es preciso también señalar que el jefe de gobierno porteño lo ha venido haciendo con una llamativa ingenuidad.
Es evidente que Macri cometió un grave error al suscribir el 3 de enero pasado el acta de traspaso de los subterráneos de la Nación
a la Ciudad y, poco después, disponer un aumento tarifario superior al doble. Posteriormente, tras el fracaso de las negociaciones sobre el traspaso de los fondos destinados a solventar las pérdidas y las inversiones, el jefe porteño rechazó la transferencia. El Poder Ejecutivo Nacional respondió con un proyecto de ley, sancionado por el Congreso, que impuso el traspaso, y la Legislatura local replicó con otro rechazo al convenio de transferencia de los subtes.
En el medio de esta discusión, se fueron conociendo detalles de la desastrosa situación en que se encuentran los subterráneos, que según estimaciones de especialistas, necesitarían una inversión de 250 millones de dólares anuales durante diez años para renovar el trazado y la flota, y mejorar las frecuencias de los servicios.
La concesionaria Metrovías, que no precisaba de subsidios al comienzo del contrato, que data de 1994, ha pasado a requerir unos 60 millones de pesos por mes sólo para operar y abonar los sueldos de una dotación de personal que se duplicó en la última década.
Es claro que la Ciudad debería hacerse cargo de los subterráneos, pero con el debido traspaso de los fondos. La Constitución nacional es clara al respecto: determina que no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por el distrito interesado. En el contexto político actual, donde desde la Casa Rosada se procura asfixiar a los distritos gobernados por la oposición, se entiende el motivo por el cual el gobierno nacional se opone a que Macri recurra a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que podría ayudar a destrabar esta situación.
El problema es que donde debiera existir coordinación hay confrontación plagada de mala fe. Entretanto, varios millones de residentes en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores son prisioneros inocentes de una disputa que posterga decisiones que redunden en una mejor calidad de vida y en un nivel de seguridad que hoy están muy lejos de tener..
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que salame
