Re: Actualidad y política
Publicado: Jue Dic 19, 2013 10:40 am
Memoria?
En medio de ese caos, las declaraciones de los funcionarios no hacían más que echar leña al fuego. “Hay derroche de energía porque la demanda de electricidad crece prácticamente al nivel de los países desarrollados y esto no tiene ninguna explicación lógica”, afirmó el 7 de enero de 1989 el secretario de Energía, Roberto Echarte, quien ayer declaró al diario Clarín sin ponerse colorado que el sistema de cortes que él diseñó “era mucho mejor que hacer interrupciones salvajes como hacen ahora”.
Su antecesor, Jorge Lapeña, tan crítico en los últimos años de la política energética kirchnerista, justificaba entonces la situación. “El problema que atraviesa el sector eléctrico, si bien es de características graves, no es estructural”, remarcó en un informe del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi. Lapeña decía que la potencia instalada era suficiente, pero que la crisis se debía a “una sequía extraordinaria”, “un desperfecto inusual en Atucha 1”, “la ausencia de El Chocón por falla imprevisible en su presa” y “alta indisponibilidad del equipamiento térmico”. Las excusas, sin embargo, no alcanzaron para disimular el retraso en el programa de inversiones y la falta de mantenimiento de las instalaciones, motivadas por los recortes del gasto público de un gobierno que había puesto el pago de los intereses de la deuda como prioridad excluyente. Ni siquiera la recesión económica ayudó a evitar una crisis energética que tenía su epicentro en el eslabón de la generación.
La noche del viernes 13 de enero de 1989, el presidente Raúl Alfonsín convocó a sus principales colaboradores a la quinta de Olivos para analizar la situación. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, detalló ante sus pares del gabinete el estado del suministro y las medidas adoptadas para tratar de evitar un apagón generalizado. Lo hizo en una sala iluminada apenas con un sol de noche. Por entonces, los cortes habían comenzado a ser sorpresivos. Ya ni siquiera se respetaba el cronograma de seis horas diarias por zona. Las protestas de la población eran generalizadas e incluso llegó a haber enfrentamientos entre los que no tenían energía y los que la “derrochaban”. Una madrugada, una mujer rompió con una masa cuatro vidrieras del supermercado El Hogar Obrero en Rivadavia al 5100. “Yo no puedo dormir por el calor y la falta de luz y acá la derrochan alumbrando vidrieras”, afirmó, según le relataron varios testigos a los medios de comunicación.
Recién a partir de abril de 1989, la situación comenzó a “normalizarse” y con la crisis hiperinflacionaria de los meses siguientes pasó a segundo plano. El 14 de mayo de ese año, Carlos Menem ganó las elecciones presidenciales y en 1992 privatizó Segba, Agua y Energía Eléctrica e Hidronor, desmembrando el sector eléctrico horizontal y verticalmente. Un esquema similar aplicó en el sector gasífero. El pésimo desempeño de las empresas públicas durante el alfonsinismo dio argumentos para enajenar el patrimonio público. El proceso privatizador vino de la mano de un fuerte ajuste de tarifas y su posterior dolarización e indexación. Luego llegarían los despidos de miles de trabajadores.
En medio de ese caos, las declaraciones de los funcionarios no hacían más que echar leña al fuego. “Hay derroche de energía porque la demanda de electricidad crece prácticamente al nivel de los países desarrollados y esto no tiene ninguna explicación lógica”, afirmó el 7 de enero de 1989 el secretario de Energía, Roberto Echarte, quien ayer declaró al diario Clarín sin ponerse colorado que el sistema de cortes que él diseñó “era mucho mejor que hacer interrupciones salvajes como hacen ahora”.
Su antecesor, Jorge Lapeña, tan crítico en los últimos años de la política energética kirchnerista, justificaba entonces la situación. “El problema que atraviesa el sector eléctrico, si bien es de características graves, no es estructural”, remarcó en un informe del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi. Lapeña decía que la potencia instalada era suficiente, pero que la crisis se debía a “una sequía extraordinaria”, “un desperfecto inusual en Atucha 1”, “la ausencia de El Chocón por falla imprevisible en su presa” y “alta indisponibilidad del equipamiento térmico”. Las excusas, sin embargo, no alcanzaron para disimular el retraso en el programa de inversiones y la falta de mantenimiento de las instalaciones, motivadas por los recortes del gasto público de un gobierno que había puesto el pago de los intereses de la deuda como prioridad excluyente. Ni siquiera la recesión económica ayudó a evitar una crisis energética que tenía su epicentro en el eslabón de la generación.
La noche del viernes 13 de enero de 1989, el presidente Raúl Alfonsín convocó a sus principales colaboradores a la quinta de Olivos para analizar la situación. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, detalló ante sus pares del gabinete el estado del suministro y las medidas adoptadas para tratar de evitar un apagón generalizado. Lo hizo en una sala iluminada apenas con un sol de noche. Por entonces, los cortes habían comenzado a ser sorpresivos. Ya ni siquiera se respetaba el cronograma de seis horas diarias por zona. Las protestas de la población eran generalizadas e incluso llegó a haber enfrentamientos entre los que no tenían energía y los que la “derrochaban”. Una madrugada, una mujer rompió con una masa cuatro vidrieras del supermercado El Hogar Obrero en Rivadavia al 5100. “Yo no puedo dormir por el calor y la falta de luz y acá la derrochan alumbrando vidrieras”, afirmó, según le relataron varios testigos a los medios de comunicación.
Recién a partir de abril de 1989, la situación comenzó a “normalizarse” y con la crisis hiperinflacionaria de los meses siguientes pasó a segundo plano. El 14 de mayo de ese año, Carlos Menem ganó las elecciones presidenciales y en 1992 privatizó Segba, Agua y Energía Eléctrica e Hidronor, desmembrando el sector eléctrico horizontal y verticalmente. Un esquema similar aplicó en el sector gasífero. El pésimo desempeño de las empresas públicas durante el alfonsinismo dio argumentos para enajenar el patrimonio público. El proceso privatizador vino de la mano de un fuerte ajuste de tarifas y su posterior dolarización e indexación. Luego llegarían los despidos de miles de trabajadores.
