Re: Actualidad y política
Publicado: Jue Abr 23, 2015 1:40 pm
Parte del artìculo de Willy Khoan en El Cronista:
Esto es Democracia?, lo que se busca es la impunidad.
Uno de los elementos que más preocupa es el copamiento que se profundiza en áreas del Estado y la Justicia por militantes kirchneristas. El caso de la Cancillería o los nuevos organismos de inteligencia han sido muy publicitados. También se publicó con nombres y apellidos la persecución a funcionarios de carrera que no aceptan las presiones políticas, una experiencia que se amplió a cantidad de reparticiones en estos años tras la intervención violenta del Indec en 2008. No solo persiguen a los funcionarios que no se allanan a las órdenes políticas del Gobierno, sino que se ocupan de presionar a las empresas o instituciones privadas que les dan trabajo una vez que son separados de la función pública.
A nivel de la Justicia, hombres de experiencia en los juzgados advierten que la puesta en marcha del nuevo código de procedimiento penal es el caballo de Troya para el copamiento de la Justicia por parte del kirchnerismo. "Lo que no pudieron con la ley de democratización de la Justicia, lo van a lograr ahora con la implementación del nuevo código de procedimientos penal", dicen los jueces. En principio, el nombramiento de unos 1600 abogados militantes de La Cámpora, Justicia Legítima y otras agrupaciones oficialistas, que pasaran a integrar de por vida la nómina de nuevos jueces, fiscales y jerárquicos del Poder Judicial. Un nuevo Poder Judicial militante. El problema, según relatan magistrados con años de experiencia en Tribunales, es que en estas horas avanza en la Comisión Bicameral del Congreso las leyes para la implementación del nuevo Código ya convertido en Ley, que les da plenos poderes a los fiscales para iniciar, manejar y cerrar causas prácticamente sin intervención de los jueces. Tal como trascendió en las últimas semanas, ese nuevo código se aplicará por ahora en la justicia ordinaria, aparentemente por un acuerdo político entre la justicia federal y el Ejecutivo para dejar a Comodoro Py afuera de esta reforma- Al menos por ahora. El punto es que la Justicia había frenado el nombramiento de una veintena de fiscales militantes para intervenir los juzgados, con el argumento de que el nuevo Código no estaba implementado. Al avanzar ahora en la implementación, aunque no sea para la Justicia Federal, se caerían los amparos en el fuero contencioso administrativo, y la Casa Rosada lograría la colonización de la justicia con los nuevos fiscales militantes. A la vez, las leyes para la implementación del nuevo código de procedimiento consagran súper poderes de por vida al jefe de los fiscales, en este caso para la ultra kirchnerista Alejandra Gils Carbó, que ya adelantó en tribunales que va a resistir en su cargo el cambio de Gobierno. Según explican jueces de distintos fueros, estos súper poderes que se le consagran a Gils Carbó la colocarían en una instancia incluso superior a los ministros de la Corte Suprema. Podrá nombrar y echar fiscales, moverlos de causas según su entender, utilizar fiscales de otras jurisdicciones digitando en que causas intervienen, abrir y cerrar causas judiciales a ciudadanos y empresas sin control de los jueces del proceso.
Esto es Democracia?, lo que se busca es la impunidad.
Uno de los elementos que más preocupa es el copamiento que se profundiza en áreas del Estado y la Justicia por militantes kirchneristas. El caso de la Cancillería o los nuevos organismos de inteligencia han sido muy publicitados. También se publicó con nombres y apellidos la persecución a funcionarios de carrera que no aceptan las presiones políticas, una experiencia que se amplió a cantidad de reparticiones en estos años tras la intervención violenta del Indec en 2008. No solo persiguen a los funcionarios que no se allanan a las órdenes políticas del Gobierno, sino que se ocupan de presionar a las empresas o instituciones privadas que les dan trabajo una vez que son separados de la función pública.
A nivel de la Justicia, hombres de experiencia en los juzgados advierten que la puesta en marcha del nuevo código de procedimiento penal es el caballo de Troya para el copamiento de la Justicia por parte del kirchnerismo. "Lo que no pudieron con la ley de democratización de la Justicia, lo van a lograr ahora con la implementación del nuevo código de procedimientos penal", dicen los jueces. En principio, el nombramiento de unos 1600 abogados militantes de La Cámpora, Justicia Legítima y otras agrupaciones oficialistas, que pasaran a integrar de por vida la nómina de nuevos jueces, fiscales y jerárquicos del Poder Judicial. Un nuevo Poder Judicial militante. El problema, según relatan magistrados con años de experiencia en Tribunales, es que en estas horas avanza en la Comisión Bicameral del Congreso las leyes para la implementación del nuevo Código ya convertido en Ley, que les da plenos poderes a los fiscales para iniciar, manejar y cerrar causas prácticamente sin intervención de los jueces. Tal como trascendió en las últimas semanas, ese nuevo código se aplicará por ahora en la justicia ordinaria, aparentemente por un acuerdo político entre la justicia federal y el Ejecutivo para dejar a Comodoro Py afuera de esta reforma- Al menos por ahora. El punto es que la Justicia había frenado el nombramiento de una veintena de fiscales militantes para intervenir los juzgados, con el argumento de que el nuevo Código no estaba implementado. Al avanzar ahora en la implementación, aunque no sea para la Justicia Federal, se caerían los amparos en el fuero contencioso administrativo, y la Casa Rosada lograría la colonización de la justicia con los nuevos fiscales militantes. A la vez, las leyes para la implementación del nuevo código de procedimiento consagran súper poderes de por vida al jefe de los fiscales, en este caso para la ultra kirchnerista Alejandra Gils Carbó, que ya adelantó en tribunales que va a resistir en su cargo el cambio de Gobierno. Según explican jueces de distintos fueros, estos súper poderes que se le consagran a Gils Carbó la colocarían en una instancia incluso superior a los ministros de la Corte Suprema. Podrá nombrar y echar fiscales, moverlos de causas según su entender, utilizar fiscales de otras jurisdicciones digitando en que causas intervienen, abrir y cerrar causas judiciales a ciudadanos y empresas sin control de los jueces del proceso.
