Doctrina para espías admite control de "golpes de mercado"
• DOCUMENTO OFICIAL DE LA NUEVA SIDE ABRE DEBATE EN PLENA CAMPAÑA SOBRE VIGILANCIA DE NEGOCIOS Y ABASTECIMIENTO
Por: Gustavo Hirsch
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El Gobierno hizo otro aporte al debate de la campaña electoral al dar a conocer ayer un documento sobre la "Doctrina" de sus agencias de espionaje y la reglamentación de la nueva agencia que reemplaza a la vieja SIDE. En ese documento, que junto con la reglamentación llega a las 400 páginas, se afirma que el sistema podrá investigar los "golpes de mercado", las maniobras especulativas o "corridas" financieras y el desabastecimiento de productos comerciales. Es imaginable que este punto recibirá críticas de sectores empresariales, sobre los cuales ya rige una rígida Ley de Abastecimiento.
Ese rol que cumple oficiosamente el Estado a través de muchos organismos que no tienen que ver con el espionaje le proporciona a la oposición una oportunidad de acusar al Gobierno de avanzar sobre las libertades individuales. Por eso ayer el flamante titular de a agencia, Oscar Parrilli, dijo que la función de su oficina no es la de "espiar", sino la de "cuidar" a los ciudadanos. El Gobierno, por otro decreto, envió el pedido de acuerdo al Congreso para Parrilli y su segundo en la Agencia, Juan Martín Mena.
Apenas se conoció la norma en el Boletín Oficial, el debate comenzó a cobrar cuerpo y seguramente escalará en los próximos días, a medida que se acerque la fecha de las PASO del 9 de agosto. El circuito de ese debate es previsible: escalará en un cruce de reproches y explicaciones, pero nada se resolverá hasta que llegue a la Justicia alguna causa que impugne la aplicación de la norma. Algún activista de la opinión pedirá un amparo a la Justicia, que llegará seguramente a la Corte Suprema, que responderá que no tiene nada que decir hasta que no haya una causa concreta en la que esté afectada alguna norma constitucional.
Quizás debió esperar el Gobierno que pasase la campaña electoral para aprobar esta reglamentación sin la cual la Agencia de espionaje ha cumplido sus funciones sin que nadie se queje. Los temas de seguridad, como los ambientales, obligan siempre al Estado a dar respuesta ante demandas de la oposición política. El manual de procedimiento político dice que, por eso, deben mantenerse lejos del vértice y esperar a que la iniciativa la tomen los adversarios. Pero la ansiedad de las plumas oficiales suele traicionar este principio que arrincona a los que mandan cuando menos les conviene, y les da vidriera a los que no cuando más les conviene.
La norma, como toda reglamentación de un cuerpo del Estado, abunda en larguísimas precisiones sobre licencias de embarazo, viáticos, pagos por zona desfavorable. Después de todo, se trata de empleados públicos.
También describe la vigilancia de los secretos de los agentes sobre los asuntos de su competencia mientras pertenezcan a la Agencia y aún después de haberse desligado. También enumera las sanciones por las faltas que cometan los agentes, que están graduadas según una escala que equipara, como gravísimas, la conducta de un agente doble -un traidor, dígase- con el acoso sexual. Una concesión a la corrección política. Aquí los principales puntos del documento:
•Se tipifican como "atentado contra el orden constitucional y la vida democrática" las "corridas bancarias, cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado" y crea una dirección para estos delitos.
•También se le confía a la Agencia la investigación de "las problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y seguridad interior", "los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática" por parte de "grupos políticos o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos o el orden constitucional". Entre esos grupos se describe a "los grupos económicos o financieros -empresas, bancos, compañías financieras, entre otros- que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado, etc.".
• También se ocupará de los delitos cibernéticos, de la protección de centrales nucleares, bancos y otras entidades".
En otro capítulo del documento se confirma el traspaso del sistema de escuchas y seguimientos electrónicos y telefónicas a la Procuración General de la Nación. En una conferencia de prensa que dio el propuesto Parrilli junto a su segundo, Mena, una originalidad porque no es común que los espías expliquen mucho en público, sino que en la mañana de ayer quedaría oficializado ese traspaso.
Como todo sistema de espionaje, es presumible que habrá también un capítulo de la "Doctrina" y de la reglamentación que es secreto y que no figura en el documento publicado por el Gobierno. Es comprensible que sea así, lo cual pone en el plano de fragilidad los debates que se esperan al respecto. Lo secreto es secreto.