HOY, 13:45
PREOCUPACIÓN OFICIAL
Negociación contrarreloj por la readecuación de los contratos de gas
El Enargas quiere contar en los próximos días con los nuevos contratos de venta de gas entre productoras y distribuidoras para presentarlos en las audiencias públicas de principios de septiembre. Pero las partes aún no se ponen de acuerdo. Petroleras reclaman una deuda de US$ 350 millones generada por la devaluación. Además, advierten que la baja del precio del gas impactará en el nivel de inversión.
La fecha límite para presentar los nuevos contratos de suministro de gas está a la vuelta de la esquina. El Enargas convocó esta semana a nuevas audiencias públicas para el 4 y 6 de septiembre para presentar los nuevos cuadros tarifarios que empezarán a regir el próximo 1º de octubre. Para determinar de cuánto será la suba que deberán afrontar hogares, comercios y PyMEs, las distribuidoras deben primero convenir a qué precio compran el gas a las empresas productoras y las condiciones contractuales que tendrá esa relación comercial. Eso implica, en los hechos, readecuar los contratos vigentes —o firmar unos nuevos— tras la brusca devaluación del peso, que obligó a modificar los términos económicos del negocio.
El Enargas intimó a mediados de junio a las distribuidoras (sobre las que tiene competencia) a avanzar en esa dirección. Pero dos meses después y a menos de 15 días de las audiencias públicas en las que tendrán en sociedad los nuevos lineamientos tarifarios, aún no hay novedades al respecto. La preocupación en despachos gubernamentales ya es manifiesta. En el ente regulador esperan los nuevos contratos para la próxima semana a fin de validarlos antes de las audiencias.
Lejos de tratarse de una negociación más, la demora entre petroleras y distribuidoras para acordar nuevos contratos de suministro de gas obedece a la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre algunos puntos que marcarán el pulso y la inversión del negocio gasíferos en los próximos dos años, al menos hasta después de las elecciones presidenciales de 2019.
Por el momento, lo único que se sabe —porque lo confirmó el ministro de Energía, Javier Iguacel, en varias declaraciones a la prensa— es que las tarifas de gas aumentarán alrededor de un 25% en octubre.
La discusión gira en torno ahora en cómo se rearmará el negocio gasífero con una suba en pesos que sólo permitirá recuperar la mitad de lo que se perdió por la apreciación del tipo de cambio, que se elevó un 50% desde abril a la fecha. Los cuadros tarifarios que están vigentes desde el 1º de abril se aprobaron con un dólar de $ 20,55, casi 10 pesos menos que la cotización minorista de hoy (30,70 pesos).
La negociación entre las empresas que distribuyen el gas (Metrogas, Gas BAN, Camuzzi y EcoGas, entre las principales) y las que lo producen (YPF, PAE, Total, Wintershall, Pampa Energía, Tecpetrol y Pluspetrol) podría estructurarse en dos grandes temas: a) cuál será a partir de ahora el precio del gas en boca de pozo que pagarán los hogares. Y b) cómo se saldará la deuda acumulada por las distribuidoras por dejar de pagar la totalidad de las facturas enviadas por las petroleras por el gas entregado.
Ninguno de las cuestiones es de fácil solución. Por ejemplo, la deuda de las distribuidoras con los productores por las diferencias diarias generadas por la evolución del tipo de cambio supera los US$ 350 millones (más de $ 10.000 millones). Las petroleras no quieren dejar esa cifra sobre la mesa. O al menos, están dispuestas a tensar hasta último momento con tal de obtener un plan de pagos para recuperar la mayor parte de ese monto.
El gobierno, a su vez, decidió dejar la negociación completamente en manos de los privados. Ya sin el paraguas de la Ley de Emergencia Económica, que autorizaba a los funcionarios a intervenir en el mercado, tanto en el Ministerio de Energía como en el Enargas repiten que son los privados los que deben ponerse de acuerdo y firmar nuevos contratos de abastecimiento de gas para los hogares. Las empresas, en cambio, entienden que la volatilidad macroeconómica es de tal magnitud que se precisa de la mediación del Estado para llegar a buen puerto.
Nuevo precio
Los contratos firmados en noviembre del año pasado establecieron el precio del gas en boca de pozo para los hogares en una cifra promedio de US$ 4,68 por millón de BTU. Las tarifas de gas vigentes se calcularon con ese importe, pero con un tipo de cambio de 20,55 pesos (la cotización de fines de marzo de este año). Con el dólar por encima de los 30 pesos, los productores pasaron a cobrar unos US$ 3,40 dólares por el gas entregado a las distribuidoras. Lógicamente, aspiran a recomponer su precio de venta, aunque saben que no alcanzarán nuevamente los US$ 4,68 que establecidos en abril.
El objetivo de máxima de las petroleras es fijar un precio en octubre de alrededor de 4,20 dólares, según relevamiento realizado por este medio entre empresas productoras. Las distribuidoras proponen pagar bastante menos: ofertas de Metrogas y Camuzzi enviadas hace 10 años estipulan el precio del gas en US$ 3,60; una cifra inaceptable desde la óptica de las petroleras.
Las petroleras plantean que, si el precio del gas cae, en promedio, por debajo de los US$ 4,50 por millón de BTU, deberán recortar inversiones porque el desarrollo de yacimientos no convencionales de Vaca Muerta no se repaga con cifras por debajo de ese valor. En la industria calculan que por cada dólar que se reduce el precio de venta, todas las productoras dejan de percibir, en conjunto, unos US$ 2000 millones al año. Si la facturación cae en ese valor —razonan— en 2019 se registrará una merma del capex comprometido en campos gasíferos.
Fuentes del Ejecutivo descreen de esa interpretación y confían en que el incremento de la producción de gas (en julio creció un 8% contra el mismo mes del año pasado) configuró una nueva realidad que presionará a la baja sobre los precios de venta del fluido.
Diferencias diarias
La otra pata de la discusión pivotea sobre cómo se saldarán las diferencias diarias acumuladas por el incumplimiento de las distribuidoras, que frente a la escalada del dólar dejaron de pagar facturas dolarizadas a los productores y las pesificaron ad hoc a un tipo de cambio discrecional que varía por distribuidora.
En un escenario teórico, las distribuidoras tendrían que haber pagado de su bolsillo las facturas dolarizadas que enviaron las petroleras durante los últimos seis meses. Luego, una vez que se concrete la actualización de las tarifas, el Enargas les aseguraría que el monto desembolsado les sería devuelto a través de las tarifas que pagan los usuarios.
El problema se originó cuando, por la envergadura de la devaluación, las distribuidoras interpretaron que el ente regulador no autorizaría un aumento tan significativo como el que sería necesario para recuperar el dinero desembolsado para mantener el precio del gas en dólares al valor fijado en los contratos vigentes (US$ 4,68 por MMBTU). Lo que hicieron, por el contrario, fue empezar a pagar sólo una parte de las facturas. El resto se fue acumulando. Tanto que hoy las distribuidoras adeudan, en conjunto, más de $ 10.000 millones a las petroleras.
El Enargas propuso que ese monto sea cancelado por las distribuidoras en hasta 24 cuotas. Es decir, en los próximos dos años a partir de enero de 2019. Las petroleras pretenden acortar el plazo de pago. Algunas propusieron financiar el cobro de ese dinero en siete cuotas y están dispuestas a desagregarlo entre 10 o 12 cuotas. Pero primero quieren saber cuál será el precio de venta del gas que se empezará a pagar a partir de octubre. El reloj corre.
Fuente
https://econojournal.com.ar
