Mensajepor quique43 » Jue Sep 01, 2016 10:48 am
A propòsito de la actitud del mèdico para con el delincuente: (OPI Santa Cruz).
El médico como tantos otros hombres y mujeres que luchan y mueren día a día por salvar su vida, la de su familia y sus bienes, en manos de delincuentes reincidentes, son producto de la irresponsabilidad del garantismo judicial, de jueces y fiscales forjados en la cátedras zafaronianas, donde el Código Penal se interpreta como una herramienta de opresión, autoritarismo y de castigo. ¿Qué debe ser un Código Penal sino un elemento que contenga reglas correctivas para quienes infringieron las leyes?. Pues bien, hay quienes no piensan así, especialmente el ex Juez de la corte Eugenio Zafaroni, prostibulario, hipócrita y represor confeso, colaboracionista de la Dictadura, en 1980 que escribía los artículos del Código de Justicia Militar, justificando la muerte por la mano militar y expresaba “La muerte prevista en el art. 759, CJM, no es pena, en principio porque la muerte jamás puede serlo, pero, además, por otras razones que no son fundamentales. Ante todo, se hace necesario que el militar huya o haga demostración de pánico, lo que puede generar un desbande o imitación, de modo que la muerte se autoriza para evitar ese efecto inmediato y desastroso. Tan cierto es esto que el CJM no requiere que le dé muerte un superior, sino que puede darse el caso de que sea el inferior quien dé muerte al superior en esa circunstancia. De otro modo, por el mero gusto de afirmar gratuitamente la disciplina, no se explica que pueda darse muerte a un militar y menos que el inferior pueda dar muerte al superior, lo que sólo puede tener explicación lógica sobre la base de la necesidad de evitar el fracaso de una operación frente al enemigo, el que puede resultar del pánico generalizado en el personal y para el cual cualquier actitud individual puede servir de detonante”.
Este nefasto ideólogo de la Justicia a la carta, superpotenciado por la hipocresía kirchnerista de la década perdida, tiene mucha responsabilidad en la falta del Estado en materia de seguridad, actualmente, porque así como en su momento explicaba jurídicamente cómo los militares podían matar sin culpas en 1980 y daba lecciones dogmáticas sobre la necesidad de los Golpes de Estado, después dinamitó el Código Penal y llevó a los claustros la impunidad para la delincuencia y legalizó la muerte del ciudadano común en manos de las mafias, a quienes protegió, produciendo generaciones de abogados que hoy son jueces y fiscales, culpables directo de que los asesinos anden reincidiendo tres y cuatro veces en crímenes contra la sociedad que les paga el sueldo.
El comportamiento maniqueo de Zafaroni, a quien se pretende presentar como el adalid de los derechos humanos, ha sido la punta del iceberg que nos llevó a este estado de inseguridad, con deformación conceptual de una nueva camada de abogados que se cultivaron con este ignorante de la seguridad social. Los gobierno, sean ellos menemismo, delaurrismo, kirchnerismo, cristinismo y ahora el macrismo, no han podido ni sabido ni querido abordar la problemática del delito y la inseguridad, ni actuar en conjunto y coordinadamente para erradicar lo que hoy es, junto a la corrupción, los temas que más importan a la sociedad argentina.
Por lo tanto, podemos concluir sin temor a equivocarnos, que el crecimiento de la inseguridad, más allá de ser un fenómeno multicausal, responde a un tema básico que es la ausencia del Estado en la educación, prevención, protección, seguridad y legislación. Una vez ocurrido los hechos, como es el lamentable caso del médico que terminó matando al ladrón, sobrevienen una serie de preguntas y debates inocuos que se dan en los medios sin que se arregle la situación. Quienes deben dar la solución, que es la política, el gobierno y la justicia, aportan muy poco para forzar la reversión del fenómeno; en tanto, mientras al trabajador, al hombre honesto, a las familias que luchan por sus hijos y el futuro, las matan, hay quienes cuestionan los límites de la legítima defensa, aleccionados en la degenerada conceptualidad de penalistas que no consideran violación de una nena de 13 años, que la obliguen a mantener sexo oral con la luz apagada (Zafaroni – Caso “Pampín”) y arremeten contra las víctimas, cuestionando con argumentos a veces increíbles y no exentos de prejuicios, el derecho a defender la vida que constitucionalmente tenemos todos. (Agencia OPI Santa Cruz)
