Mensajepor wilato22 » Jue Mar 02, 2017 7:05 pm
Se ha acusado a Mauricio Macri, cuando condujo la empresa, de destruir la integración del sector afectando a los autopartistas y promovió un fuerte déficit en intercambio comercial con el exterior que indujo mayores niveles de endeudamiento”, sostiene el informe de Lozano. A esto hay que agregar el procesamiento por contrabando dispuesto en 1993 contra, en ese entonces presidente de Sevel. Según la DGI, la empresa evadió unos 55 millones de pesos: la denuncia acusa a Sevel de enviar autopartes a Uruguay bajo el régimen de exportaciones definitivas, con las cuales habrían armado coches que después habrían sido importados a la Argentina, cobrando los reintegros correspondientes 2 .En 1997 la Aduana denunció a la empresa SEVEL ante la justicia penal por el delito de contrabando decidió absolver a Franco y a Mauricio Macri. 3 En febrero de 2001, el juez Carlos Liporace revocó la falta de mérito sobre Mauricio Macri y dispuso su procesamiento, acusándolo de exportar autopartes a Uruguay y cobrar reembolsos para importarlas como autos armados4 La investigación se centró en exportaciones realizadas en 1993 y, tras comparar números de chasis y de motor de 1300 vehículos, se determinó que las mismas partes que salían de la Argentina a su vez eran reingresadas en el país, luego de ser compradas y vendidas por Sevel Uruguay y Drago SA, supuestamente controlada por Sevel.
La investigación que comandó la fiscal María Gabriela Ruiz Morales permitió establecer que mediante esta operatoria, sólo en 1993 se habrían evadido unos 14 millones de pesos. Pero los investigadores creen que esta práctica se mantuvo hasta 1995. Finalmente el juez Liporace, a instancias de los integrantes de la Sala B de la Cámara, procesó a Franco Macri y Mauricio Macri por el delito de contrabando agravado.5 Franco y Mauricio Macri fueron finalmente sobreseídos luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia dictado el 8 de agosto de 2002 (causa nº 2646), que generó fuertes polémicas, con los votos contrarios de Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio.6 En 2003 la Cámara de Diputados inició juicio político contra los ministros de la Corte Antonio Boggiano, Eduardo Moliné O'Connor y Adolfo Vázquez y entre los cargos incluyó las irregularidades cometidas en la sentencia dictada en el "caso de contrabando de Sevel Argentina" por haber favorecido a Franco y Mauricio Macri.7
En el año 1995, el entonces ministro Domingo Cavallo promovió el decreto 493 que estableció una condonación de la deuda por intereses, multas “y demás sanciones emergentes de obligaciones tributarias vencidas al 31 de julio de 1995” para Sevel, conocido como “el decreto Sevel” o “moratoria Sevel”. Para la misma época, la empresa automotriz Sevel, del grupo Macri, arrastraba una denuncia por evasión impositiva que la DGI había estimado en 55 millones de pesos (o dólares, según la paridad uno a uno de la época), causa en la que su titular, Francisco Macri, resultó procesado. Las operaciones por la cual la DGI llevó la causa Sevel a los tribunales, exigiéndole un pago por el equivalente a 55 millones de dólares, consistía en la importación de vehículos desde Uruguay supuestamente por cuenta de particulares. Quien aparecía como vendedor desde el país vecino era la firma Opalsen SA, que el juez consideró “una ficción jurídica” creada por Sevel para posibilitar el ingreso de los vehículos al país evadiendo sus obligaciones impositivas (pago a cuenta de IVA y anticipo de Ganancias). Los vehículos así ingresados, eran comercializados por concesionarios oficiales de Sevel, pero las operaciones eran registradas como “importación directa” de los particulares adquirentes. En esta etapa, se generaba una nueva evasión, por el IVA del 18 por ciento (alícuota de ese momento) correspondiente a la operación comercial de compraventa no registrada. En total, se habrían concretado por ese mecanismo el ingreso de 15 mil unidades importadas, lo cual originó una fiscal de 55 millones de pesos.
Dichas maniobras, y la acusación de la DGI, dieron lugar a una causa en el juzgado de San Isidro, que dio por probada la evasión impositiva y dictó el procesamiento de los responsables de la terminal automotriz, la importadora y de las tres concesionarias. 8
El Poder Judicial determinó, en un fallo del año 2002, que el modelo de Fiat Duna producido por SEVEL durante la gestión de Mauricio Macri tenía graves defectos de fabricación que causaron al menos un accidente mortal. Según el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, al menos las 42.000 unidades de Fiat Duna fabricados durante el año 1994 tenían un desperfecto de fábrica en la caja de dirección capaz de provocar el vuelco imprevisto del vehículo. Esto fue lo que le sucedió el 6 de Octubre de 1994 al modelo patente C 1.784.403, y que causó la muerte de un niño de 4 años. Debido a esto se mandó a la empresa a que arregle todos los Duna que pudieran haberse fabricado con el mismo desperfecto mecánico, aunque SEVEL ya había sido liquidada por la familia Macri y nunca se cumplió la sentencia.
