En abril de 2012, el Estado argentino decidió expropiar el 51 % del capital accionario de YPF (BCBA:YPFDm), en ese entonces controlada por Repsol (BME:REP), con el argumento de revertir el déficit energético, frenar la caída de producción y recuperar la soberanía hidrocarburífera. La medida, aprobada con amplio consenso político interno, no contempló una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios, un paso clave según los estatutos societarios de la empresa y las normas que rigen su cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE).
Esa omisión desató uno de los litigios más importantes en la historia financiera argentina. A partir de 2015, fondos como Burford Capital, en representación de Petersen Energía y Eton Park, iniciaron demandas en los tribunales estadounidenses. Argumentaron que, al omitir la oferta pública, el Estado argentino violó los derechos de los accionistas protegidos por las regulaciones de la SEC. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska dictó un fallo histórico: Argentina debe indemnizar por más de USD 16.000 millones y podría ceder el 51 % del capital estatal de YPF si no cumple. Un acto político sin previsión legal
La expropiación de YPF fue un acto de fuerte contenido político. Pero su ejecución careció del rigor jurídico e institucional requerido para intervenir en una empresa de capital abierto que cotiza en el exterior. La falta de previsión sobre los compromisos que implica operar bajo jurisdicción internacional generó una disputa legal que hoy amenaza con transferir el control accionario de la mayor petrolera del país a fondos extranjeros. Evolución operativa: logros y retrocesos
Durante los primeros años post expropiación (2012–2015), se observó un repunte en la producción, reinversión de utilidades e incorporación de reservas, especialmente en Vaca Muerta. Sin embargo, también comenzaron a emerger debilidades estructurales:
La deuda financiera creció un 173 % en ese período.
El flujo de caja fue positivo en 2014, pero volvió a terreno negativo a partir de 2015.
A partir de 2016, la productividad cayó, los costos aumentaron y las inversiones se redujeron más de un 40 %.
Entre 2016 y 2022, la empresa registró pérdidas operativas relevantes, una reducción sostenida en ingresos y un incremento en la exposición fiscal debido a subsidios energéticos y dependencia de importaciones. Además, se multiplicaron los incidentes ambientales asociados al fracking en Vaca Muerta, debilitando la sostenibilidad del modelo productivo. El desafío actual del gobierno argentino
La administración de Javier Milei enfrenta hoy el reto de preservar el control estatal de YPF, en un momento clave para la expansión energética del país. La empresa, con un valor bursátil cercano a los USD 13.000 millones y un potencial estratégico en Vaca Muerta, representa una herramienta fundamental para la macroeconomía y el perfil exportador argentino.
Sin embargo, el camino judicial ya no admite retrocesos: una negociación directa fue descartada y la apelación es el único recurso. Este escenario obliga a revisar críticamente las decisiones adoptadas en el pasado, y a dimensionar los costos de oportunidad no gestionados:
Exposición a riesgos legales internacionales.
Pérdida de credibilidad frente a los mercados.
Potencial traspaso del control accionario a acreedores externos.
Conclusión
El caso YPF es una advertencia sobre los riesgos de mezclar decisiones políticas con desatención institucional en empresas reguladas globalmente. Cuando el Estado ignora los derechos de los accionistas y las normas del mercado financiero internacional, los costos no se limitan al plano judicial. Afectan la capacidad soberana de diseñar políticas energéticas, acceder a financiamiento y proteger activos estratégicos.
Hoy, los tribunales deciden lo que debió resolverse con planificación y legalidad. El desenlace del litigio marcará el tono de la relación entre Argentina y los mercados globales en los años venideros.
Damian Quiros
