En septiembre de 1992, además de diputada provincial, Cristina Fernández era la mujer del gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Para ella había una ley que requería definición inmediata: la privatización de YPF. “Tratamiento urgentemente necesario”, argumentaba. Ya Presidenta, veinte años después, con idéntica enjundia pero con otras razones, claro, Cristina Kirchner encabezaba la cruzada por la reestatización de la petrolera estatal.
Cambian los tiempos, cambian las necesidades, cambian los objetivos. Eso sí, con un relato K listo para justificar una cosa y también la opuesta. Axel Kicillof fue uno de los abanderados de la cruzada reestatizadora, y su entusiasmo lo volvió tan verborrágico como imprudente.
Once años después de la “gesta”, sus palabras formaron parte esencial del fallo de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el que condenó al país a pagar más de US$ 16.000 millones. Al día de hoy, como se sabe, está abierta la posibilidad de que sean embargados ciertos activos argentinos.
Preska aduce que Kicillof aseguró “descaradamente” que sería “estúpido” cumplir con “la ley de la propia YPF” o “respetar sus estatutos”. La magistrada entiende que su palabra era la del Estado argentino.
Al asumir, los funcionarios juran desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para el cual fueron elegidos. Y agregan: “Si así no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden”. Sobre el juicio divino, nadie puede anticipar nada. Pero aquí, en la Tierra, ¿veremos alguna vez a los responsables demandados por su irresponsabilidad, dando cuenta, por fin, de aquel famoso juramento?
