Re: FRAN BBVA Banco Frances
Publicado: Mié May 18, 2011 3:25 pm
Mira hay gente mas idonea que yo en opciones, pero a primera vista no quiere decir nada de nada. El total de la operación es $ 7000.
Sl2 colegas, adjunto artículo de interés, que para mi es algo totalmente inédito. El francés se verá directamente afectado.
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EL MONITOR
Arrecian las críticas contra el creciente intervencionismo del Gobierno argentino
Latinoamérica: Cristina irrita aún más a los empresarios
El Estado refuerza su control como accionista en grandes empresas con un polémico decreto
Carlos Álvaro.– En los últimos días han arreciado en Argentina las críticas empresariales a la controvertida decisión del Gobierno Fernández de ampliar el poder de decisión del Estado en los directorios de 32 de las 43 empresas privadas participadas por el ente estatal de administración de pensiones, medida que ya cayó como una bomba los círculos económicos tras su anuncio a mediados de abril. La decisión, que entra dentro de la línea de intervención económica estatal que mantuvo el presidente Néstor Kirchner primero y que prosiguió la presidenta Cristina Fernández después, es un paso más en una política que puede distanciar a Gobierno peronista y a unos empresarios inquietos por el creciente intervencionismo, justo cuando el Gabinete estaría buscando reforzar una alianza con estos ante las elecciones de octubre, comicios marcados aún por la incertidumbre sobre si la actual inquilina de la Casa Rosada se postulará a la reelección.
La medida llega, además, en un momento en el que Buenos Aires mantiene abierto un enfrentamiento con el FMI por el manejo de los datos de inflación y sufre críticas a su gestión económica. El Gobierno decidió el mes pasado "reforzar" el papel Estado como accionista en esas grandes compañías, en cuyos directorios ejercerá mayor control y hará pesar más su opinión, tanto en la toma de decisiones como en la distribución de beneficios y dividendos. Cristina Fernández anuló mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia una norma que fijaba un límite del 5% en la representación del ente estatal Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en los directorios de esas empresas, independientemente del nivel de su participación accionarial.
Empresarios y analistas destacan que la medida no sólo supondrá una mayor injerencia política en las grandes empresas, con mayor intervención del Gobierno en decisiones empresariales como pago de dividendos o planes de inversión, sino un reforzamiento por parte del Ejecutivo del control público en sectores clave de la economía, como bancos, energía, alimentos, servicios públicos y medios, lo que podría teñir de objetivos políticos la gestión comercial de las compañías afectadas.
Anses heredó las participaciones minoritarias de las AFJP (Administradoras de Fondos de Pensiones y Jubilaciones) en 43 firmas a finales de 2008, cuando el Gobierno nacionalizó y situó en la órbita estatal los millonarios fondos de jubilación administrados por esas firmas privadas y que estaban invertidos en diversos activos financieros, entre ellos acciones de empresas. Las extintas administradoras privadas de fondos de jubilación no intervenían en los directorios de las sociedades en las que participaban. Pero, aunque ninguna AFJP podía en forma individual controlar más del 5% de una firma, al acumularse los activos de varios fondos de jubilación y pensión, el Estado heredó participaciones muy superiores. Sólo en 10 de esas empresas la Anses se quedó con menos del 5%.
Promesa incumplida
Si bien en 2008 el Gobierno prometió no inmiscuirse en la actividad de esas firmas, meses más tarde la Anses se presentó ante varias de estas empresas para hacer valer su derecho a voto en las asambleas y, en ciertos casos, reclamar asientos en los consejos de administración. En algunos casos, el ingreso de un director en representación del Estado fue pactado con los accionistas mayoritarios, pero en otros tuvo que vencer reticencias y trabas legales.
Hasta la publicación del decreto hace un mes, la Anses sólo podía designar representantes hasta el 5% de su participación accionarial en las empresas, aunque su cuota fuera mayor, como sucede con el 26% que posee en Gas Natural Ban, controlada por la española Gas Natural, o el 24,98% de la operadora Telecom Argentina, cuyo mayor accionista es una sociedad de Telecom Italia. Entre otras compañías, la Anses tiene participaciones en el BBVA Banco Francés, en el español Bilbao Vizcaya Argentaria, en Petrobras Energía, en la acería Siderar, del grupo italo-argentino Techint, en la inmobiliaria Consultatio (26%); en el Banco Magro (segunda mayor entidad financiera privada de capitales locales, 30,9%) y en el conglomerado Pampa Energía.
La Anses aumentará también su poder en los directorios de grandes firmas agrícolas, como San Miguel, La Anónima y Molinos Río de la Plata, así como en Quickfood, Cresud y Ledesma, algo que ha generado durísimas críticas de los empresarios del sector, que han llegado a comparar la medida con las que suele adoptar el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez.
Nada más ser anunciada la eliminación del tope del 5%, el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, reclamó colocar en las empresas más directores en representación del organismo para "ejercer un mayor control", "defender la distribución" de beneficios en favor del organismo y "hacer pesar su opinión en decisiones de inversión".
Aunque Bossio ha matizado más tarde que "la representación del Estado en empresas privadas que tienen oferta pública es lo más justo y significa defender los derechos de trabajadores y jubilados" y aunque el ministro de Economía, Amado Boudou, se ha esforzado en vender la medida señalando que con ella "se recupera el derecho como accionista que la Anses tiene en todas las empresas", no han convencido a las patronales y asociaciones empresariales.
La mayor patronal, la Unión Industrial Argentina (UIA) ha pedido a la Casa Rosada que revierta la decisión de eliminar el límite que tenía el ente de pensiones para ejercer sus derechos accionariales en las empresas que cotizan en Bolsa. La UIA juzga que la medida tendrá "un fuerte impacto en la actividad de las compañías" y en los últimos días ha manifestado también su inquietud por el hecho de que dirigentes sindicales afines al Gobierno hayan pedido tener participación en los directorios de las firmas.
Abundantes críticas
Tanto la UIA como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) han recordado a Buenos Aires que el traspaso de los activos de las AFJP a Anses fue aprobado con la aclaración expresa de que el tope del 5% se mantendría. Para AEA, organización en la que tienen fuerte influencia dos de los grupos perjudicados por el decreto y que mantienen un fuerte enfrentamiento con el Gobierno (Techint y Clarín), "esa limitación es ahora mucho más necesaria, dada la fuerte preponderancia de un organismo del Estado, la Anses, como principal inversor institucional en el mercado de capitales argentino".
El presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, también ha censurado la medida, al señalar que "no es función del Gobierno involucrarse en empresas privadas", al mismo tiempo que las Confederación Rurales Argentinas (CRA) juzgan la decisión "una nueva intromisión en la actividad privada". También el sector bancario se ha mostrado combativo y considera que la decisión, "probablemente un elemento más de la campaña electoral", es un golpe a la inversión. La irritación es tanto mayor cuanto que la empresa más afectada es un banco, el Macro, cuyo presidente, Jorge Brito, está al frente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba). Otros empresarios, sin embargo, han optado por una mayor prudencia y han señalado que no se trata en ningún caso de una medida radical similar a las adoptadas en países como Venezuela y han sugerido que con la decisión, el Gobierno trata de acomodar gente en las empresas.
Capitalismo de amigos
Igualmente críticos se han mostrado los expertos en intervenciones en los medios argentinos. Si el economista Daniel Artana ha manifestado su preocupación por el avance del Estado sobre las empresas y sus sospechas de "segundas intenciones", el presidente Econviews, Miguel Kiguel, considera que la decisión sólo aportará inquietud a las compañías, que tendrán que asumir directores que van entorpecer la tarea y temor a que las firmas dejen de manejarse con el criterio de obtener beneficios e invertir, y empiecen a funcionar como empresas públicas.
Para el también economista Gabriel Rubinstein, "el Gobierno busca aumentar su capacidad de control, entrometerse más en la vida de las empresas" y su decisión reforzará lo que en Argentina se llama capitalismo de amigos, un sistema en el que el acceso de empresarios a grandes negocios debe estar pavimentado por una buena sintonía con el poder político, que a su vez interfiere en la acción empresarial. Para el economista-jefe de Nomura Securities en Latinoamérica, Boris Segura, la acción "consolida la interferencia gubernamental en el sector privado. El riesgo es que el gobierno politice decisiones de negocios, lo cual reduciría la eficiencia", mientras que el economista independiente José Luis Espert destacado que "la estrategia es tener más control aunque no tengan mayoría societaria, poder tomar decisiones y presionar a los accionistas mayoritarios".
En el plano político, mientras, permanece sin deshojar la margarita de si Cristina Fernández se presentara o no a otro mandato. Aunque cuenta con ventaja en las encuestas a seis meses de las elecciones del 23 de octubre y de momento no ha surgido en el panorama ningún contendiente interno que le haga sombra, Fernández parece dispuesta a atrasar el anuncio y agotar la fecha tope de junio para presentar candidatura.
Lucha entre bastidores
Los observadores señalan que tras la indefinición de Fernández se hallan no sólo razones de salud y el impacto emocional de la muerte de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, sino las dificultades para encontrar un número dos en un momento en el que las centrales afines al peronismo, y especialmente el líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, presionan para que el compañero de fórmula de la presidenta sea un sindicalista, algo a lo que se opone parte del justicialismo.
No son pocos los analistas que juzgan que la relación entre el Gobierno y el líder de la CGT está al borde la ruptura y apuntan a que Fernández se refería a Moyano cuando en los últimos días habló de que no permitirá "el surgimiento del fenómeno de las extorsión". Según otros, la mandataria estaría forjando una alianza entre el peronismo, empresarios y líderes sindicales opuestos al ambicioso Moyano para desbancar a éste. De hecho, la presidenta ha llamado la atención de forma pública al líder sindical en dos ocasiones y de forma muy dura.
Con todo, se juzga que finalmente Fernández optará por postularse y que batirá fácilmente en primera vuelta al líder de la socialdemócrata UCR, Ricardo Alfonsín, incluso si éste logra una alianza con elementos disidentes del peronismo, como la facción centrista del ex presidente Duhalde. La presumible victoria de Fernández avalaría la continuidad de las reformas introducidas desde el 2003 por Néstor Kirchner.
Con una economía en fuerte crecimiento (Argentina progresará el 6% este año, tras el 9% de 2010, según el FMI, y el 6,5%, según el banco central del país) y una oposición dispersa, los principales riesgos para Fernández serían tomar decisiones políticas impopulares o el estallido repentino de malestar laboral, por lo que se considera probable que atrase cualquier reforma controvertida, como el recorte de los subsidios a los servicios públicos.
El viento juega a favor de la presidenta, que ha visto cómo se retiraba de la carrera presidencial el millonario Mauricio Macri, alcalde de la ciudad de Buenos Aires y ex presidente del club de fútbol Boca Juniors, considerado como la gran esperanza de los opositores de centro derecha. Pero si Fernández opta por no presentarse (y acaba de declarar que "no le va la vida" en tener otro mandato) y nombra un sucesor, se auguran problemas para el partido en el poder. Pese a la fortaleza económica (Argentina será una de las economías latinoamericanas con mayor crecimiento este año), el país se enfrenta a crecientes problemas, como una inflación de dos dígitos que amenaza con anular los beneficios del crecimiento. La opción más obvia en caso de elegir sucesor sería el moderado gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, más amistoso con el empresariado.
http://www.capitalmadrid.com/2011/5/18/ ... arios.html