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La manipulación de las estadísticas
El desmanejo del Indec pega en la deuda
Por sobreestimar el crecimiento del PBI, se pagaron intereses adicionales por US$ 3190 millones
Por Francisco Jueguen | LA NACION
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La manipulación de los datos oficiales de inflación no será gratuita para el bolsillo de los argentinos. Además de ser un incentivo para la creciente fuga de capitales, un golpe al clima de negocios y de provocar un encarecimiento del crédito,
tiene un costo monetario concreto para el erario: US$ 3190 millones.
Ese es el monto que, según datos privados, el Gobierno pagará de más entre 2009 y 2012 por la sobreestimación del producto bruto interno (PBI) -consecuencia del retoque del dato oficial de inflación- que beneficia a los tenedores de los cupones de deuda atados al PBI.
Sin embargo, pese a las consecuencias inconmensurables que tuvo el arribo del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, al Indec, ese número es inferior al ahorro como consecuencia del default parcial de los bonos ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia (CER), un indexador que toma como base la inflación.
Según datos privados, ese monto llegaría a US$ 5500 millones si se tomaran los menores pagos de intereses y capital hechos hasta este año.
En voz baja, la justificación que siempre deslizó el kirchnerismo para intervenir el Indec fue licuar la deuda ajustada por CER. En ese sentido, desde el oficialismo se usaron convenientemente datos del ahorro sobre el total del stock de deuda indexada por inflación, que con vencimientos hasta 2045 llega a cerca de US$ 20.000 millones.
No obstante, el ahorro neto -tomando lo efectivamente pagado y restando lo que se debe abonar por inflar el PBI- muestra un número mucho menor: 2310 millones de dólares.
Es un número que no parece justificar las elevadas tasas que deben pagar el Gobierno o las empresas locales por endeudarse en el mercado voluntario, sobre todo teniendo en cuenta la buena relación actual entre deuda y PBI.
Tampoco el indirecto impacto sobre el clima de negocios. Por ejemplo, la salida de capitales desde 2007 hasta la actualidad llega a los US$ 67.300 millones, según el Banco Central (BCRA). A la intervención del Indec deben sumarse otras medidas, como la estatización de los fondos de las AFJP o la pelea con el campo.
Opción atractiva
Los cupones atados al PBI no son bonos ni acciones. Fueron entregados a los tenedores en default que aceptaron participar del canje de deuda en 2005 como una zanahoria para sumarlos a la operación y como una opción para no acrecentar el nivel de la deuda. Sólo se pagan -una vez al año y a mediados de diciembre- si la expansión de la economía logra un piso anual, que hoy está en un 3,26 por ciento.
La consultora Labour, Capital & Growth (LCG), fundada por Martín Lousteau, primer ministro de Economía designado por Cristina Kirchner, estimó con datos propios que, debido a la manipulación del índice de precios oficial -que se usa para calcular el crecimiento-, el PBI elaborado por el Indec entre 2008 y 2011 muestra una sobreestimación que impacta en lo que el Gobierno paga por los cupones. De allí surge la diferencia que pagará el Estado: US$ 3190 millones.
A comienzos de 2007, Moreno intervino el organismo de estadísticas para esconder el verdadero nivel de inflación de cara a las elecciones de ese año. Desde entonces, los datos oficiales fueron criticados por técnicos desplazados del Indec, académicos nacionales y extranjeros, el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluso funcionarios kirchneristas.
"Hasta los perros lo tienen; nosotros lo recomendamos enfáticamente", estimó Eduardo Blasco, director de Maxinver, que agregó que el cupón atado al PBI es un instrumento que tiene un "alto grado de recuperación [de lo invertido] en muy poco tiempo".
Los abogados consultados alertan sobre la diferencia legal que existe entre no pagarle lo que corresponde a un ahorrista y que, por otro lado, el Estado deba abonar más de lo debido a otros acreedores con dinero de todos los argentinos.
Algunos hablan del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; otros, de estafa o peculado culposo o doloso. "La primera figura que cabe es la de violación del deber de funcionario público para Moreno", estimó el abogado Ricardo Monner Sans.
Para el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, sería imposible encuadrar la situación en alguna figura penal o civil. Por eso, mantiene su denuncia por falsedad ideológica por la manipulación del IPC, al que considera un "documento oficial"..
Esta es un buen artículo que apareció en la Nación hace unos días. Hay otros estudios sobre el ahorro neto, que no fue tal, que ya hicieron periodistas como Montenegro que claramente demostraron que no hubo el tal ahorro sino que el dibujo se hizo por razones políticas como también explica este artículo