Mensajepor Hermes » Dom Oct 14, 2012 8:07 am
En septiembre, la inflación volvió golpear con fuerza. Según las estimaciones alternativas compiladas por el Congreso, la suba de los precios al consumidor trepó al 1,9%, en línea con lo observado en lo que va del 2012 (1,9% en promedio). Asimismo, en términos interanuales, la suba del IPC Congreso fue del 24,25%, volviendo a ubicarse por encima de la observada doce meses atrás (24% a/a), pese a que la economía se encontraba en 2011 en fuerte expansión y en 2012 muestra un estancamiento.
La suba en los precios de alimentos continuó teniendo un importante aporte en la inflación del mes, a partir de incrementos en verduras y otros productos básicos, como lácteos, carnes y panificados. Con un marcado componente estacional, también se destacaron las subas en los precios de indumentaria, a partir del ingreso de la nueva temporada de primavera-verano.
Ahora bien, dejando de lado los detalles micro del último mes, la combinación de precios récord de las materias primas, aceleración de la devaluación y trabas al ingreso de productos importados (que permiten a las empresas locales trasladar las subas de costos a precios), vienen desempeñando un papel no menor en el mantenimiento de altas tasa de inflación, pese al enfriamiento de la actividad agregada. A lo anterior se suma, jugando un rol central, la fuertísima expansión monetaria, cuya misión primaria y fundamental pasa hoy por financiar al fisco, arrastrando consigo a las expectativas inflacionarias.
En los últimos 12 meses, la emisión monetaria fue de $70.000 millones, con un aumento del 37% anual, explicando casi en su totalidad por los pesos impresos para tapar el agujero fiscal del Tesoro Nacional y por las compras de dólares para recomponer las Reservas del BCRA (utilizadas, a su vez, para cancelar deuda pública en dólares con tenedores extranjeros).
Detrás de esta emisión monetaria para financiar al fisco, se esconde, a su vez, un abultado déficit de las empresas públicas, con crecientes implicancias inflacionarias.
Este año, se prevé que los recursos aportados por el Tesoro Nacional a las empresas con control estatal sumen cerca de $16.000 millones, equivalentes al 20% de la emisión monetaria, una cifra que –dado su estrecho vínculo con la dinámica de los precios internos- explicaría casi 5 de los 24 puntos de inflación actuales. Si bien una cuarta parte ($4.000 millones de pesos) se destinarían a cubrir el rojo de Aerolíneas Argentina, otros $12.000 millones se repartirían entre AySA, ARSAT, Telam y los canales de televisión estatales.
En esta misma línea, y con una demora de casi tres semanas, el Ministerio de Economía informó en estos días que, en agosto, las cuentas públicas registraron un superávit primario de $777,2 millones, junto con un superávit financiero de $17,6 millones. Ahora bien, los ingresos extraordinarios provenientes del BCRA y del FGS de la ANSES sumaron $903 millones en el mes, de manera que sin el aporte de estos recursos el resultado primario se hubiera transformado en un déficit de $126 millones y el financiero en un rojo de $885 millones (de hecho, aún sin computar recursos extraordinarios, el déficit financiero trepó a $13.500 millones en los primeros ocho meses de 2012, exhibiendo un crecimiento de casi 300% respecto de igual período de 2011).
Finalmente, esta semana se produjo la pesificación de los pagos de dos bonos de la Provincia del Chaco, emitidos originalmente en dólares. Si bien se trató de una operación por un monto menor (USD 263.000) y los mercados tendieron a corregir rápidamente las pérdidas que siguieron al anuncio, lo cierto es que este evento marca un caso testigo de lo que podría suceder con otras emisiones de deuda pública provincial denominadas en moneda extrajera, bajo legislación nacional (el gobierno del Chaco anunció que la decisión de pesificar su deuda se dio en función de que el BCRA no le vendió los dólares para afrontar dicho pago, en la medida que la normativa vigente privilegiaría los pagos de deudas bajo legislación extranjera).
Claramente, este nuevo evento no ayuda a que las provincias puedan recurrir a los mercados de deuda en momentos de fragilidad de sus cuentas públicas, a la vez que también genera incertidumbre para las emisiones de deuda corporativa, encontrándose las firmas locales cada vez más afuera del radar de las grandes inversiones, no pudiendo aprovechar un contexto de liquidez global inédito para economías emergentes como la Argentina.
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