Argentina mantiene rechazo a pago total a tenedores de deuda rebeldes
Por Nate Raymond y Daniel Bases
NUEVA YORK, 27 feb (Reuters) - Argentina enfrentó el miércoles duras preguntas de una corte de apelaciones estadounidense por su postura frente a un grupo de tenedores de bonos disidentes, en un enfrentamiento que ha generado temores a que el país caiga, por segunda vez en 11 años, en cesación de pagos.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York escuchó por más de dos horas los argumentos de abogados mientras evalúa si revoca una orden para que el Gobierno argentino pague 1.300 millones de dólares a los llamados inversores "holdouts", liderados por NML Capital Ltd de Elliott Management y Aurelius Capital Management.
La decisión de la corte podría tener un importante impacto en los mercados de deuda globales.
La jueza Reena Raggi, una de los tres magistrados del panel, cubrió de preguntas a los abogados de Argentina.
El papel de la corte es hacer cumplir los contratos y "no volver a escribirlos", sostuvo, agregando que "difícilmente parece apropiado que una corte no haga cumplir una de sus órdenes porque una parte no cumplirá con sus obligaciones para con otra".
La audiencia ocurre 11 años después de que Argentina cayó en cesación de pagos por cerca de 100.000 millones de dólares de deuda soberana. Cerca de un 92 por ciento de esos bonos fueron reestructurados en 2005 y 2010, dando a los inversores entre 25 a 29 centavos por cada dólar.
Pero los inversores que no participaron en esos canjes de deuda han buscado el pago total de sus bonos.
En caso de que se ordene a Argentina pagarle al pequeño grupo de acreedores, hay temores de que la nación sudamericana podría volver a caer en una cesación de pagos en la deuda ya reestructurada de 24.000 millones de dólares.
Un abogado que representa a Argentina se mantuvo en línea con la posición de sus líderes, incluida la presidenta Cristina Fernández, de que los bonistas no deben recibir un pago total y que el país podría terminar ignorando una orden de la corte que le exija un pago.
"No obedeceríamos voluntariamente una orden así", dijo Jonathan Blackman, abogado que representa a Argentina, al panel integrado por tres jueces.
Pero destacó que la nación sudamericana está abierta a una solución que sea "factible y que no cree una confrontación terrible".
Raggi, quien dominó el interrogatorio, respondió que Argentina estaba intentando dictar qué debería ordenar la corte.
Los inversores que no aceptaron los canjes de deuda han afirmado por largo tiempo que sólo buscan que Argentina cumpla con sus obligaciones y que el Gobierno tiene suficientes reservas como para compensarlos.
"Argentina puede pagar, no hay dudas sobre eso", afirmó Ted Olson, un abogado por NML Capital Ltd, un fondo afiliado a Elliott Management que Argentina califica como "buitre".
"Esta es una obligación legal de Argentina", afirmó.
ASISTEN FUNCIONARIOS ARGENTINOS
En una señal de la importancia del caso, el vicepresidente argentino, Amado Boudou, el ministro de Economía Hernán Lorenzino y varios otros funcionarios de alto nivel de Argentina asistieron a la audiencia.
"No es una cuestión de que Argentina pueda o no pagar (...) Lo que la presidenta no va a permitir es que se prioricen los acreedores por sobre las necesidades de los argentinos", dijo Boudou a un canal de televisión tras la finalización de la audiencia.
Una victoria de los tenedores de deuda, sostiene Argentina, podría dañar a los inversores que acordaron la reestructuración y a los bancos que manejan sus pagos.
El país también sostiene que un fallo semejante podría hacer que las futuras crisis de deuda sean "imposibles de resolver" y que genere otros litigios de parte de los inversores.
"Lo que está en juego acá es si los procesos de reestructuración de deuda soberana tienen futuro o no", dijo el ministro de Economía del país sudamericano, Hernán Lorenzino, a un canal de televisión.
La audiencia atrajo a una gran multitud mientras cerca de 100 abogados, analistas y periodistas esperaron durante más de tres horas por una oportunidad de observar los procedimientos al interior de la corte.
Dos salas fueron habilitadas para la audiencia adicional y un servicio privado retransmitió los argumentos a través de internet.
El mercado de deuda local de Argentina había cerrado antes del inicio de la audiencia, los bonos cerraron con un alza de un 0,2 por ciento en promedio, en medio de escasas operaciones.
En una señal de las crecientes preocupaciones de los inversores sobre una posible cesación de pagos de la deuda argentina, el costo para asegurar sus bonos soberanos reestructurados subió más de 65 puntos básicos en la noche del miércoles a 2.162 puntos básicos.
El aumento equivale a más de 2,1 millones de dólares al año durante cinco años por cada 10 millones de deuda en un portafolio, según el proveedor de datos Markit.
ORDENES ANTERIORES
En febrero del 2012, el juez de distrito Thomas Griesa en Manhattan falló que Argentina había violado sus obligaciones contractuales de tratar de igual forma a todos los inversores.
Eso significa que el país tendría que pagar a los inversores "holdouts" si también desea pagar a los tenedores de deuda que participaron en los dos gigantescos cambios de deuda.
En octubre, la corte del Segundo Circuito ratificó en gran parte el fallo de Griesa sobre el trato equitativo para los tenedores de bonos. El miércoles, la corte dijo que no volvería a revisar ese fallo, despejando el camino para que revise el plan de Griesa sobre cómo deberían realizarse los pagos.
Argentina buscaba una nueva audiencia del panel o de todos los jueces del Segundo Circuito. El destino de su solicitud por una revisión completa de la corte no está claro.
Los argumentos del miércoles se centraron en una orden posterior de Griesa en noviembre que determina que la próxima vez que Argentina haga un pago de intereses a los inversores de deuda reestructurada, tendría que depositar los 1.300 millones de dólares que debe a los "holdouts" en una cuenta de garantía de la corte.
La corte de apelaciones está examinando el trato de Bank of New York Mellon, que actúa como fideicomisario de los tenedores de bonos reestructurados, y el impacto del fallo sobre terceras partes.
James Martin, un abogado de BNY Mellon, dijo que la medida de la corte en su contra viola sus derechos, ya que el banco no es una parte en el caso.
"Fundamentalmente viola la Constitución", dijo Martin.
David Boies, un abogado de un grupo de inversores que participó en los canjes de deuda, dijo a la corte que sus clientes habían sido tomadas como "rehenes", y que su participación en las reestructuraciones de deuda "no debería volverse en su contra". (Reporte adicional de Jonathan Stempel, Martha Graybow y Rodrigo Campos en Nueva York, Hilary Burke y Helen Popper en Buenos Aires; Editado por Javier López de Lérida)
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