Brexit en la Argentina
Macrì declaró respecto de su cuenta en Bahamas que
“la verdad es que ni me di cuenta, honestamente”. Más allá de su autoproclamada honestidad, cuando alguien no repara dónde guarda 18 millones de pesos se consolida la sospecha de que su fortuna supera con holgura los 140 millones de pesos declarados, sobre todo cuando hasta hace pocos años las empresas familiares figuraban en los primeros puestos del ranking de la riqueza argentina. Una constante de este primer semestre ha sido el dictado de medidas que benefician no sólo al sector social del que provienen el Poder Ejecutivo y la mayoría de sus ministros, sino también a las corporaciones en las que trabajaron y en varios casos a los propios funcionarios.
Para negociar con los fondos buitre y con Thomas Griesa, Macrì envió primero a Carlos Melconian, quien había comprado títulos en default y litigado por su cobro ante ese mismo juez, y luego a los ex operadores de monedas del JP Morgan Alfonso de Prat-Gay y Luis Caputo. La devaluación dispuesta entre otros por el secretario de coordinación interministerial Mario Quintana, quien había comprado dólares a futuro e hizo así una buena diferencia, también aprovechó al jefe de asesores presidenciales José Torello, a la empresa de la familia presidencial Socma-Chery, al amigo presidencial Nicolás Caputo, al comprensivo diario La Nación y al vengativo Grupo Clarín. Nada se compara, sin embargo, con la gran jugada de Macrì como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que descubrió la ex ministra de Derechos Humanos Gabriela Cerruti:
el 15 de septiembre de 2011, Macrì compró el edificio Alpargatas en Barracas, y al día siguiente envió un proyecto a la Legislatura creando el Distrito de las Artes y eximiendo de impuestos a su negocio personal de construir allí 65.000 metros cuadrados de lofts suntuarios. Con la misma presunta ingenuidad que aplica a su situación personal, Macrì también defendió al ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien fue presidente de la petrolera Shell en la Argentina y posee acciones de la casa matriz holandesa: “Lo que él tiene es lo que le pagaron producto de su retiro. Me parece que frente a un tipo de la honestidad y la capacidad de Aranguren, los ataques que ha recibido no son justos”. Ni siquiera la Oficina Anti (Descubrimiento de la) Corrupción se animó a tanto. Para su titular, Laura Alonso, el caso es complejo y está siendo objeto de un estudio exhaustivo.
El presidente también se presentó como “el político que más transparencia ha tenido sobre su situación personal, siempre he declarado todo”.
Tampoco se sintió obligado a explicar cómo pudo poner el Banco Central bajo la conducción de Federico Sturzenegger, quien hasta el día de hoy está procesado por su intervención en el megacanje de hace quince años. Estas actitudes revelan un grado de audacia que contribuye a entender el estado de parálisis que aqueja a la oposición ante su carrera arrolladora. Luego de una victoria electoral en segunda vuelta, por un margen muy ajustado de votos, y en notoria minoría en las dos cámaras del Congreso, Macrì ha puesto el país patas para arriba en apenas seis meses, con un decisionismo que sorprende incluso a sus aliados radicales.
El endeudamiento externo contraído entre la Nación y las provincias por más de 30.000 millones de dólares tendrá consecuencias desastrosas en el futuro, pero por el momento ha permitido financiar en un trimestre la fuga de 4.000 millones que el Banco Central contabiliza como formación de activos externos, suprimir cualquier restricción al ingreso y egreso de divisas, transferir utilidades de empresas trasnacionales a sus sedes y proporcionar atractivos negocios financieros con el clásico subibaja del tipo de cambio y la tasa de interés.
Macrì también desmanteló los organismos de control del mercado accionario, donde se hizo cargo uno de sus alter ego, y del lavado de dinero, cuya Unidad de Información Financiera quedó en manos de dos especialistas que hasta ese momento habían trabajado del otro lado del mostrador. La reforma impositiva transfirió miles de millones de dólares de muchas a pocas manos, ya que dentro de un esquema ortodoxo en el que el déficit fiscal y su monetización son considerados como la causa única de la inflación,
la merma de lo detraído al comercio exterior de cereales debe compensarse con la reducción en otros rubros, como la planta de trabajadores estatales y los subsidios al transporte y a las distintas formas de energía, que benefician a los más vulnerables y a las pequeñas y medianas empresas. Puesto en términos más simples, sin retenciones a la exportación de materias primas alimenticias, sus precios internos crecen, lo mismo que el combustible y la electricidad cuando se les quitan subsidios. Esta inflación, que el ministro de Hacienda y Finanzas De Prat-Gay terminó por reconocer que llega al 42 por ciento anualizado, más que el doble de su vaticinio inicial, es otro mecanismo de transferencia de ingresos hacia el sector patronal, cuyos costos se achican por la doble vía de los despidos y el abaratamiento relativo. Ese sombrío sendero de la búsqueda de competitividad a expensas de los salarios de los trabajadores va en sentido opuesto al que siguieron los países que lograron desarrollar sus economías. Y al destruir el mercado interno dependerá cada vez más de las exportaciones primarias, lo cual a su vez destrozará el tejido social.
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