A pocos días de que salga a la calle el pliego definitivo de la primera licitación de generación eléctrica de fuentes renovables, tanto los grandes fondos de inversión que pusieron su mira en el negocio, como las pymes locales que buscan ampliar sus ventas como proveedores de componentes y equipos coincidieron en plantear una serie de objeciones y dudas que, en caso de no ser atendidas a tiempo, podrían tirar abajo la cantidad de ofertas que espera el ministerio de Energía comandado por Juan José Aranguren.
Los cuestionamientos de los grandes inversores y las empresas extranjeras especializadas en el sector quedaron sobre el tapete la semana pasada, en un seminario sobre financiamiento de proyectos renovables que organizaron en Buenos Aires el estudio jurídico de Nueva York, Chadbourne & Parke y la consultora local LUFT Energía que conduce la ex vicepresidenta de YPF, Doris Capurro.
Entre los principales puntos críticos que plantearon los ejecutivos y representantes de entidades financieras al actual escenario político-económico y a las reglas de juego diseñadas por el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind sobresalieron los siguientes:
--Las complicaciones operativas que afronta la gestión de Mauricio Macri por los fallos judiciales que frenaron los aumentos tarifarios de los servicios de gas y energía eléctrica.
--La incertidumbre sobre la real fortaleza política que tendrá el actual gobierno que no cuenta con mayoría en el Congreso para sostener en el corto y mediano plazo las promesas de sinceramiento tarifario y de recortes de subsidios que le permitan achicar el déficit fiscal.
--El mantenimiento de un tribunal arbitral local para dirimir los conflictos y diferencias legales. Los representantes de fondos de inversión advirtieron que sus estatutos les impiden presentarse en proyectos que no contemplen la aplicación de la legislación de Nueva York y la participación de los tribunales arbitrales internacionales del CIADI y la UNCITRAL.
--El error de haber puesto a la CAMMESA—la compañía administradora del mercado eléctrico que controla el Estado— como “compradora” de la energía y potencia provenientes de las usinas renovables debido a que no tiene solvencia económica, patrimonio ni recursos propios suficientes para garantizar los pagos.
