Esto es lo que se esta negociando desde hace 30 dias
Gas: cuáles son los puntos que negocian las petroleras para salvar los contratos en dólares
El valor del gas para el segmento de distribución debería incrementarse en octubre un 10% hasta llegar a US$ 5,19 por MMBTU. Sin embargo, eso no sucederá. La apuesta de petroleras y distribuidoras consiste al menos en lograr que se autorice una suba en las tarifas que permita trasladar a precios el aumento del dólar y la inflación del semestre abril-octubre.
Las negociaciones entre petroleras y distribuidoras de gas para readecuar los contratos de venta de gas tras la brusca devaluación del peso aún son incipientes. Los privados están a la espera de que el nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, y el directorio del Enargas, el ente regulador, fijen una posición política oficial en torno a cuánto aumentarán las tarifas en octubre. Iguacel recibió el viernes pasado a los máximos directivos de distribuidoras y transportistas de gas. Estuvieron presentes los representantes de Metrogas, Gas BAN, Camuzzi, EcoGas, TGN y TGS, entre otros. El ministro estuvo acompañado por Marcos Porteau, subsecretario de Hidrocarburos, y también por Daniel Dreizzen, un ex ejecutivo de Pluspetrol que acompañó a Iguacel en Vialidad Nacional. Dreizzen se sumó a la Fundación Pensar, think tank del PRO, en noviembre de 2014 como asesor en el área de Upstream de petróleo y gas. Junto con Lucas Logaldo, que asumió como jefe de Gabinete, son las caras nuevas den el Ministerio.
La convocatoria —motorizada también desde el Enargas— fue bien recibida por las empresas. Fue apenas una charla introductoria. Pero los privados interpretaron como algo positivo la decisión de Iguacel de recibirlos durante su primer día al frente de la cartera de Energía. “Se presentó como un político flexible, dispuesto a buscar soluciones por consenso e impulsar el diálogo entre las partes”, comentó a EconoJournal el gerente general de una distribuidora que participó del encuentro. El ministro participará el jueves por la tarde como expositor en un seminario en el marco del Congreso Mundial de Gas (WGC, por sus siglas en inglés), que se realiza esta semana en Washington.
En las negociaciones informales entre petroleras y distribuidoras empiezan a configurarse algunos emergentes concretos. La apreciación del dólar trastocó el orden contractual entre los actores del negocio del gas. ¿Cómo se estructura el mapa de las negociaciones entre las partes?
Los productores de gas —YPF, Total, Pan American Energy (PAE), Wintershall y Pampa Energía, entre otros— pretenden mantener sus ingresos dolarizados. Según los contratos vigentes, firmados en diciembre del año pasado (expiran en el mismo mes de 2018), las petroleras deben percibir, en promedio, US$ 4,68 por millón de BTU por el gas entregado al sector regulado. Las tarifas que cobran las distribuidoras a hogares y comercios están pesificados a un tipo de cambio de $ 20,55. En la práctica, lo que generó la devaluación es que las petroleras empezaron a cobrar un menor precio del gas medido en dólares. Por eso, en octubre, cuando deben actualizarse los cuadros tarifarios que define el Enargas, los productores apuntan a que las facturas que pagan los usuarios residenciales aumenten lo suficiente para recuperar el precio del gas que cobraban antes de la devaluación. Es decir, los 4,68 dólares fijados en abril. Las petroleras barajan un escenario en el que el precio del gas no aumentará durante 2019. Estiman que por tratarse de un año electoral, el Ejecutivo buscará minimizar al máximo la evolución tarifaria. Por eso, sólo aspiran a mantener un ingreso de cercano a los US$ 4,60 por MMBTU para el gas residencial.
Según el sendero de precios crecientes definido por el Gobierno, el valor del gas para el segmento de distribución debía incrementarse en octubre un 10% hasta llegar a US$ 5,19 por MMBTU, según el último esquema presentado en abril por el ex ministro Juan José Aranguren. Sin embargo, eso no sucederá, según admiten entre las petroleras. Los productores saben que la coyuntura social y política no habilita un nuevo incremento del precio del gas en boca de pozo. Por eso, ya hicieron llegar al Gobierno su conformidad para diferir el plan de aumentos trazado originalmente.
La apuesta de máxima de petroleras y distribuidoras consiste en lograr que el Gobierno autorice una suba en las tarifas que permita trasladar la evolución del tipo de cambio y la inflación en el semestre abril-octubre, que se calculo en base a la variación del IPIM (mide el aumento de precios mayoristas). Según los cálculos iniciales que barajan en el ente regulador, que ya fueron comunicados a la Jefatura de Gabinete, las tarifas residenciales deberían aumentar entre un 25% y un 32%. Una factura promedio de un usuario R22 (un hogar de pequeño tamaño) de Capital Federal que recibe el gas de Metrogas pasaría a valer entre hasta 750 y 780 pesos mensuales (hoy promedia los 600 pesos).
El punto más complejo a negociar entre petroleras y distribuidoras es cómo se cancelarán las diferencias devengadas por la variación del tipo de cambio. Concretamente, por la apreciación del dólar, las petroleras empezaron a facturar más caro el gas que entregan a las distribuidoras medido en moneda local. Es decir, pretenden cobrar una mayor cantidad de pesos para mantener invariantes sus ingresos dolarizados. En los últimos dos meses las empresas gasíferas se negaron a pagar toda la factura de gas que enviaron las petroleras. Cada una aplicó estrategias defensivas diferentes, pero ninguna pagó todo el monto que facturado por las petroleras. Los productores están dispuestos a financiar el cobro del dinero reclamado. Podrían financiarlo en 6 o 12 cuotas a partir de noviembre o diciembre de este año (después del aumento de octubre), siempre y cuando las distribuidoras acepten dolarizar ese rojo a un tipo de cambio intermedio negociado entre partes. Un entendimiento de ese tipo implicaría, a su vez, extender el plazo de los contratos vigentes para darle tiempo a las distribuidoras para cancelar sus deudas con las petroleras. La alternativa que barajan en el sector apunta, en ese sentido, a extender los contratos actuales, que vencen en diciembre de 2018, hasta fines de 2019 o 2020. En cualquier caso, una negociación de ese tipo precisará, desde la óptica de los privados, de la mediación del Ministerio de Energía y del Enargas.
Fuente
https://econojournal.com.ar
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